La amenaza que no cesa

En más de 70 países viven actualmente diversos pueblos indígenas, en su mayoría en lugares de difícil acceso. La región del Amazonas, la estepa siberiana, los campos australianos y el Sahara son algunos de sus terruños. Los cerca de 350 millones de miembros de comunidades indígenas viven principalmente contando sólo con lo suficiente para subsistir.

La expansión de los consorcios

La mayor amenaza para dichos pueblos proviene de los consorcios internacionales. En la era de la globalización y la escasez de recursos, dichos empresas expanden sus zonas de actividad continuamente, restringiendo cada vez más el área de los pueblos autóctonos. Si bien también el derecho internacional se ocupa entretanto de la causa indígena, pese a los avances sigue habiendo múltiples casos en que se violan los derechos consagrados, en especial en lo tocante a la tierra. Ivonne Bangert, de la Sociedad para los Pueblos Amenazados, hace notar que la situación sigue siendo catastrófica para muchos pueblos indígenas que pierden sus terrenos por la construcción de represas, llevada a cabo por grandes consorcios de electricidad, o debido a proyectos mineros. También la explotación de recursos como el petróleo o el gas natural, al igual que la tala de bosques, perjudica su situación.

El único instrumento vinculante disponible en la actualidad para proteger los derechos de los pueblos indígenas es la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dicha convención, promulgada en 1989, consagra su derecho a la identidad cultural, las estructuras comunitarias y la observancia de las tradiciones, al igual que el derecho a la tierra y sus recursos. El acuerdo compromete a los países signatarios a reconocer y respaldar las instituciones culturales de las comunidades autóctonas.

Avances cuesta arriba

Hasta ahora han suscrito dicha convención sólo 17 países. Entre ellos se cuentan algunos estados europeos, como Dinamarca, Holanda y Noruega. Alemania, en cambio, no ha seguido el ejemplo hasta la fecha. "Desde hace mucho tiempo estamos en campaña para que también el gobierno alemán ratifique esa convención", señala Ivonne Bangert. En este contexto hacer notar que, aun cuando no haya pueblos indígenas que vivan en territorio germano federal, sus condiciones de vida se ven afectadas por la política del gobierno de Berlín en materia de ayuda al desarrollo o en lo tocante a la economía y sus actividades en el exterior. Por otra parte, la firma de Alemania constituiría una señal política para otros países.

La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, en diciembre de 1994, proclamar la "década internacional de los derechos de los pueblos indígenas". Ésta concluirá el año próximo y su balance deja aún bastante que desear. Entre lo logros se cuenta una mejor información a la opinión pública, un foro permanente dedicado a sus problemas y el nombramiento de un encargado especial de la ONU. No obstante, la realidad demuestra que queda un largo trecho para que las comunidades indígenas puedan ocupar el lugar que les corresponde por derecho propio en el siglo XXI.