El gran reto de la violencia digital de género

Luz Patricia Mejía es la secretaria técnica de MESECVI, el Mecanismo de Seguimiento establecido por la Organización de Estados Americanos para evaluar el cumplimiento del la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, firmada en la ciudad brasileña de Belém do Pará en 1994 y adoptada por todos los países de América salvo Estados Unidos, Cuba y Canadá.

Usted ha seguido muy de cerca la legislación latinoamericana contra la violencia de género, ¿cómo es esta legislación en concreto respecto al ciberacoso?

La ciberviolencia y el ciberacoso contra las mujeres aquí en la región definitivamente se ha vuelto el tema a analizar. Un tema que no es nuevo, ya que no es otra cosa sino la violencia que sufren las mujeres y niñas en la región trasladada al ámbito digital, pero sobre el que hay una ausencia de investigaciones adecuadas por parte de los estados que forman parte de la Convención de Belém do Pará.

Es uno de los temas más importantes ahora porque, además, la violencia on-line también es el instrumento a través del que son cometidos otros hechos delictivos, como la captación de mujeres y niñas para la delincuencia organizada y, sobre todo, para la trata, que está siendo uno de los primeros focos de preocupación también en algunos países.

¿El 'ciberacoso' requiere una legislación específica por el mero hecho de que sea a través de internet y las redes sociales?

Exactamente. Hay unos efectos específicos y diferenciados, unos patrones específicos de violencia que hay que identificar. Y unos actores nuevos. Las redes empiezan a ser herramientas para hacerle daño a las mujeres. Con manifestaciones claras como el ciberacoso, el ciberbullying, el uso de imágenes no consentidas, privadas, obtenidas en una relación de pareja y que luego son transmitidas. Frente a la violencia on-line, digamos, el Estado es responsable por su acción y por su omisión. Porque aquí entra también la falta de regulación de este mundo on-line que no estaba preparado para proteger a las mujeres, la falta de regulación de las redes sociales.

Claro, estamos hablando de una complejización de los mecanismos con los cuales se ejerce la violencia contra las mujeres y de una ausencia de respuesta porque de alguna manera la tecnología está caminando mucho más rápido que las posibilidades reales no solo ya de los estados, sino también de estas organizaciones privadas, los gigantes de internet, que están teniendo un poder masivo sobre la posibilidad de que se transmita o no información a través del mundo on-line.

La legislación parece ir siempre por detrás de la realidad, pero en esta cuestión aún más. ¿Qué otros retos quedan por delante, más allá del mero esfuerzo legislativo?

Como en todos los tipos de violencia, lo primero que nosotras planteamos siempre es el levantamiento de información y datos. Una de las cosas que identificamos a lo largo de toda la región es que son muy pocos los estados que están incluyendo en sus módulos de violencia o, por ejemplo en las encuestas, la identificación de la violencia on-line. Es un fenómeno que, si bien empezamos a conocer, no teníamos un registro claro de su incidencia. Ahora empieza a haber registros.

Porque cada forma de violencia contra las mujeres en el mundo on-line debería tener una repercusión en las políticas públicas, cada patrón delictivo debería tener una respuesta para prevenir, pero también para reparar. Entonces, la ley es muy importante, es fundamental. Ahora, lo que también sabemos es que penalizar la violencia contra las mujeres no es suficiente.

¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID en esta cuestión?

El COVID, no es secreto para nadie, aumentó el uso del mundo virtual como ámbito de relacionamiento. Pero, ¿cómo protegimos a las niñas en este proceso? Nos pasamos el tiempo diciéndoles que no se conectaran tanto y luego llegó el COVID para explicarles que las tareas tenían que ser conectadas, que con la profesora tenían que estar conectadas. O sea, una hiperexposición al mundo virtual sin tener las políticas públicas necesarias para proteger a las niñas y a las jóvenes de los impactos de estas cadenas de violencia.

La legislación ha avanzado después de algunos casos trágicos, pero también por el empuje del movimiento feminista. ¿Esta también ha sido una de las claves?

Sí, el movimiento feminista latinoamericano está de nuevo tomando la vanguardia y la iniciativa. No olvidemos que la Convención de Belém do Pará fue la primera convención del mundo que reconocía el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Y esto pasó hace 26 años. La propia convención no fue otra cosa sino la respuesta de los estados a una demanda de un movimiento feminista profundamente fuerte, cohesionado y articulado para la defensa de los derechos de las mujeres. Esta región se ha destacado por tener un movimiento muy fuerte que de nuevo está tomando la vanguardia frente a temas que son absolutamente relevantes.

Vemos las marchas del 25 de noviembre, las marchas del 8 de marzo, las marchas del Ni Una Menos, las marchas de El Violador Eres Tú, que nos puso globalmente a hacer una coreografía reclamando contra la impunidad... Y esto está pasando también en términos de violencia on-line. El caso de la Ley Olimpia ha tenido repercusión mundial no solo por lo que le pasó a ella, sino también por la manera particular de cómo ella ha asumido protagónicamente la defensa de los derechos de sus pares. Y esto es muy importante, por eso tenemos leyes a lo largo de toda la región que llevan el nombre de una mujer víctima. En su caso sobreviviente, que pudo haber no sido así.

El acoso también puede tener motiviación política. ¿Ha sufrido usted también campañas de acoso?

En 2011, en una primera audiencia que hubo en Argentina en la Cámara de Diputados. Estaban discutiendo la despenalización del aborto en una comisión especial para la reforma del Código Penal y fui invitada como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como relatora para Argentina. En ese momento, después de presentar mi posición y señalar que la Convención Americana no prohibía de ninguna manera el aborto, empiezo a recibir mensajes de gente conocida diciendo que había sido muy valiente al plantear esa afirmación. Y yo la verdad en ese momento no entendí, pero la reacción brutal que hubo de ataque a mi persona en redes sociales, todavía hoy persiste.

¿Cómo vivió ese episodio?

Yo recuerdo que los últimos días tenía nervios de caminar sola, porque lo que ocurre con la violencia digital es que la mayoría de las veces es anónima. Tú no sabes dónde está la persona que te está agrediendo. Es lo que ocurre en las redes sociales. Es lo que ocurre en Twitter, en Instagram, en Facebook... que tú no sabes quién es el otro. Cuando estamos hablando de parejas o exparejas, sí sabes... cuando estamos hablando del profesor, del médico, del jefe agresor, tú sí sabes quién es el otro. Puedes desmontar una red de trata e identificar quiénes eran los responsables. Pero en la violencia on-line, el anonimato genera un daño y una percepción de afectación a la integridad inminente. En cualquier momento alguien puede agredirte y pasar del mundo on-line al mundo off-line. Yo iba en el aeropuerto asustada porque decía "quién hay al lado mío". O sea, pasé de caminar sola por las calles argentinas a pedir que me acompañaran por temor a ser agredida.

Esa es la realidad y el día a día de la mayoría de mujeres que hacen política en la región. Hemos visto ataques profundos, construcción de páginas web, o de grupos de Facebook, en mi caso hay un grupo específico de Facebook. Y hemos pedido al grupo Meta, por ejemplo, que genere procesos de autorregulación. Todavía estamos utilizando las formas tradicionales de responder a eventos y situaciones que son totalmente atípicas y nuevas para nosotros. Y eso es algo en lo que las grandes corporaciones digitales tienen que participar activamente y son los que tienen que llevar la batuta en esto.

Internet no tiene fronteras, pero Latinoamérica, sí. MESECVI ha publicado un primer informe de las legislaciones contra el ciberacoso país por país y prepara otro más exhaustivo para mediados del año que viene en el que previsiblemente incluirá recomendaciones.

La mayoría de las leyes que hemos observado en nuestro informe son o leyes integrales sobre violencia contra la mujer, o leyes que modifican los Códigos Penales para incorporar, dentro de los tipos de violencia contra las mujeres la violencia on-line, o leyes específicas que hablan de violencia contra las mujeres en el ámbito de la política. Pero la mayoría están más dedicadas a describir el tipo de violencia e incorporarlos en tipos penales.

Como digo, el tratamiento nuestro siempre es una mirada mucho más amplia, con un enfoque de derechos humanos, de género y de políticas públicas. Porque la legislación punitiva en materia de violencia contra las mujeres, en esta región, no ha dado todavía el resultado esperado. Por eso creemos que ese resultado se busca con una mirada integral, con una mirada más amplia y con procesos que van acompañando la legislación con políticas públicas de protección, reparación y trabajo específico con operadores y operadoras de Justicia y de investigación.

(ers)