Tribunal Constitucional tiene la última palabra

La situación de Köhler no era fácil. Tuvo que decidir entre una aplicación estricta de los reglamentos constitucionales y una lectura política, es decir, más flexible.

En principio, la Constitución establece que la pérdida de un voto de confianza debe responder a una crisis real, algo que en este caso sólo está dado, según los expertos, si se interpretan generosamente las reglas.

La Constitución alemana no contempla la posibilidad de la auto-disolución del Parlamento y su artículo 68 establece que una cuestión de confianza no puede convertirse en un voto amañado.

A este párrafo piensan recurrir varios diputados, que consideran que Schröder escenificó la desconfianza de sus filas para evitar lo que hubiese sido la vía más limpia, la dimisión.

¿Presentarán demanda?

La iniciativa no ha sido aceptada sin reservas por los partidos; especialmente en la propia coalición gubernamental sentó mal la espontaneidad con que Schröder anunció su propósito el pasado 22 de mayo -tras la derrota del Partido Socialdemócrata en Renania del Norte-Westfalia.

Aunque la mayoría de los políticos consideró en su momento esta vía como la mejor salida a la crisis en la que entró el Gobierno desde que emprendió las reformas de la Agenda 2010, algunos creen que Schröder erró al creer que el gesto se interpretaría como una señal de determinación. Lejos de eso, los ciudadanos lo han entendido como una señal de "desorientación" que ha reducido las posibilidades de ganar de la coalición roji-verde.

El malestar entre algunos es tal que al menos dos diputados han anunciado que presentarán una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) si el presidente convoca las elecciones para el 18 de septiembre, como lo hizo.

Tribunal Constitucional tiene la última palabra

Será pues esta corte la que tiene la última palabra. En 1983, cuando cuatro diputados recurrieron contra la decisión de anticipar los comicios después de que Kohl se valiera del mismo instrumento, el TC sólo dio luz verde con muchos reparos. El presidente vinculó entonces su permanencia en el cargo a que el TC diese el visto bueno a su decisión y rechazara la demanda presentada por cuatro diputados disconformes. El TC dio entonces por buena la vía de la disolución. En esta ocasión Köhler no hizo ninguna vinculación.

Y, tal como ha demostrado repetidamente el TC -por ejemplo esta misma semana, al rechazar la aplicación de la euroorden-, los jueces de Karlsruhe son rigurosos en su evaluación del espíritu y la forma de la Carta Magna y no se dejan convencer por el interés político.

La última palabra la tendrá Karlsruhe, que en caso de duda podría suspender el plazo de los 60 días para darse más tiempo en sus deliberaciones, lo que incluso anularía como fecha electoral el 18 de septiembre, por mucho que esté marcada en las agendas de todo el país.