Varios organismos internacionales indican que la tortura por parte de la fuerza pública es generalizada en México y se aplica demasiado a menudo la prisión preventiva oficiosa, es decir, sin la intervención de un juez. Las mujeres son las que más sufren la aplicación de esta medida cautelar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a México eliminar estas prácticas.