Tortura: un crimen injustificable

La Convención contra la Tortura fue aprobada en 1984 por la Asamblea General de la ONU. Este documento establece que la tortura y otros tratos inhumanos y denigrantes atentan contra los derechos humanos fundamentales y, en consecuencia, deben ser proscritos por el derecho internacional.

Tales prácticas, obviamente repudiables desde el punto de vista ético, siguen siendo sin embargo habituales en diversos lugares del mundo. En muchos casos no se las admite públicamente pero se recurre a ellas, apelando a diversas justificaciones supuestas: una guerra, una situación de peligro nacional o un estado de excepción. Pero ninguno de esos puntos puede justificar lo injustificable: utilizar la tortura como método represivo o forma de obtener información. Y así ha quedado consagrado en el documento de la ONU. Además se establece que ningún estado puede extraditar a una persona a otro país, si existen sospechas fundadas de que allí corre peligro de caer en manos de torturadores.

Inspecciones sin previo aviso

La Convención contra la Tortura entró en vigor en 1987 y se cuenta entre las pocas que también han sido suscritas por Estados Unidos. La actual discusión se desató debido a la intención de complementarla con un protocolo adicional, ya aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Éste abrirá posibilidades legales para efectuar visitas a los recintos de reclusión, en cualquier momento y sin previo aviso, con el fin de comprobar que los prisioneros reciban un trato digno. Igualmente se facilitará con ello verificar la situación, en caso de existir sospechas o denuncias.

Estados Unidos se resistía a aceptar tales medidas y solicitó que el texto fuera reelaborado. El malestar de Washington se deriva del hecho de que, al entrar en vigor dicho protocolo complementario, se vería forzado a permitir el acceso irrestricto de inspectores a la base militar de Guantánamo, donde se encuentran recluidos presuntos extremistas talibanes.

Washington bajo sospecha

Por otra parte, se multiplican los indicios de que Estados Unidos envía a prisioneros, sospechosos de estar involucrados en actividades terroristas, a países en los que se practica habitualmente la tortura. El objetivo sería obtener de ellos informaciones que supuestamente no se podrían conseguir a través de métodos acordes con un estado de derecho. La aplicación del protocolo permitiría confirmar si se aplican efectivamente tales medidas, que contravienen la convención y pondrían a Washington en el banquillo de los acusados.

Pese a los reparos estadounidenses, el protocolo adicional fue aprobado por 29 votos contra 15, en el Consejo Económico y Social de la ONU. Ahora sólo falta la venia formal de la Asamblea General para que se inicie el proceso de ratificación de los países signatarios. Con ello el documento pasará a ser una norma vinculante del derecho internacional.