Repatriaciones vía Costa Rica: "Un sinsentido logístico"

Costa Rica se apresta a sumarse a Panamá como país receptor de migrantes deportados de Estados Unidos, para ser desde allí repatriados. Se espera la llegada de unas 200 personas de origen asiático, en virtud de un acuerdo con Washington sobre el que se sabe muy poco.

"Hasta ahora la información ha sido muy escasa y la verdad es que hay más preguntas que respuestas”, dice a DW Edgardo Sandoval Ramsey, representante Regional para Centroamérica de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).

La lista de interrogantes es larga. Menciona, por ejemplo, que no está claro cómo va a ser el trámite, ni si esas personas tendrán libertad de movimientos, si van a estar controladas, ni por quién. "Lo que no se ha explicado bien es si esos migrantes, en territorio de un país centroamericano, se encuentran bajo el control de Estados Unidos en ese país, ni si el lugar de alojamiento está regentado por el Gobierno de Estados Unidos, o bien por el Gobierno soberano de ese país, en cuyo caso se genera de alguna manera responsabilidad con respecto a las normativas internacionales sobre la repatriación de migrantes”, indica.

Un comunicado oficial del Gobierno costarricense subrayó que "el proceso es completamente financiado por el Gobierno de los Estados Unidos”, pero el politólogo costarricense Gustavo Araya también plantea dudas al respecto. "El problema es de qué costos estamos hablando, los directos o los indirectos. Estas personas van a pasar un tiempo en un centro de atención de migrantes que se encuentra alejado de la capital, y se requiere atención, transporte, seguridad, hospedaje, alimentación; habrá que verificar con personal de Costa Rica que estas personas cuentan con una situación sanitaria adecuada, pero de nada de esto se tiene información”, dice a DW.

El papel de la OIM

Lo que sí se comunicó oficialmente es que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) supervisará todo el proceso. Ante una consulta de DW, el organismo indicó que actúa a "solicitud de los funcionarios locales”, y colabora "para prestar asistencia a los afectados, apoyando el retorno voluntario de quienes así lo solicitan e identificando alternativas seguras para los demás”.

La declaración de un portavoz especifica que "la función de la OIM en la asistencia a las personas deportadas de los Estados Unidos se centra en el suministro de apoyo humanitario, facilitando el retorno cuando es seguro hacerlo. Si bien no participamos directamente en la detención o restricción de la circulación de personas, nos comprometemos a velar por que todos los migrantes sean tratados con dignidad y de conformidad con las normas internacionales”. 

No obstante, los observadores manifiestan inquietud. "Me preocupa mucho el aspecto de los derechos humanos. No se tiene claridad cerca de si estas personas vienen de alguna manera privadas de libertad, lo cual lo haría aún más grave”, explica Araya. Y Sandoval acota que, "si son parte del flujo migratorio humanitario, que salen por motivos de violaciones de derechos humanos en sus países de origen, tienen todo el derecho de tener movilidad y, además, un espacio de protección, y no pueden ser repatriados si no hay una violación de la normativa nacional. Esto es parte del derecho internacional”.

Aceptación sin condiciones

Surge, en este contexto, una pregunta de Perogrullo sobre las razones del proceder de Washington: ¿Por qué enviar de regreso personas provenientes de Asia vía Costa Rica, si existen vuelos directos desde Estados Unidos hacia allá? "Logísticamente, no tiene sentido”, apunta el politólogo costarricense. "Lo que vemos es a Estados Unidos quitándose un problema de encima, y creándole uno al resto de sus aliados, en este caso Costa Rica”.

A su juicio, el caso evidencia la falta de una política exterior claramente definida en Costa Rica. "Las decisiones de política exterior costarricense, tanto comerciales como de inmigración, se toman en Washington y no en San José”, plantea Araya, explicando que, por lo que se sabe, no hubo mayor negociación. "Lo que hay son posiciones de aceptación. El Gobierno se ve muy cercano a Estados Unidos, sin poner ninguna condición”, afirma.

Los objetivos de Trump

Sandoval Ramsey, por su parte, ve un doble objetivo estadounidense. "Primero, dar una respuesta a los votantes del presidente Trump, en cuanto a una política de cierre de fronteras y de expulsión de inmigrantes indocumentados. Eso se cumple mediante esta política de sacarlos de territorio estadounidense. En segundo término, creo que, de alguna forma, se mide la 'lealtad' de los países centroamericanos con respecto a la cooperación que se les brinda, precisamente para la lucha contra el crimen organizado y la seguridad en general”, afirma. Y recuerda que "Estados Unidos es el principal cooperante de dichos países en esos rubros”.

El experto, de origen panameño, piensa que "debe haber presión” para que, sobre todo los países centroamericanos, expliquen exactamente "cuál es el arreglo y en qué se basa ese nuevo espacio de cooperación que se está negociando con Estados Unidos, que hasta ahora ha quedado en el manto de la desinformación”.

(ms)