1. Ir al contenido
  2. Ir al menú principal
  3. Ir a más sitios de DW
PolíticaNicaragua

PGR de Nicaragua trata de justificar expropiación de bienes

19 de mayo de 2024

La Procuraduría General de la República argumentó la medida luego de que el Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción calculara en al menos 250 millones de dólares las "ilegales confiscaciones".

https://p.dw.com/p/4g2MW
Foto de archivo de las instalaciones de la UCA en Nicaragua.
Foto de archivoImagen: Oswaldo Rivas/AFP/Getty Images

La Procuraduría General de la República (PGR) de Nicaragua buscó defender este sábado (18.05.2024) las expropiaciones de propiedades de ONG, de medios de comunicación y de particulares, bajo el argumento de que han sido decomisadas por la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, narcotráfico, lavado de dinero o incumplimiento de las leyes.

En una declaración, la PGR -que es la representante legal del Estado- sostuvo que esos bienes han sido recuperados "legalmente para el pueblo nicaragüense" y que no se trata de confiscaciones. "El Estado reitera su estricto cumplimiento al respeto de la propiedad privada, en conformidad con lo establecido en el artículo 44, último párrafo, de nuestra Constitución Política, que prohíbe la confiscación de bienes", indicó.

La Procuraduría divulgó esa declaración luego de que una investigación del Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción (OPTA) calculara en al menos 250 millones de dólares las expropiaciones efectuadas por el Gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

OPTA señaló que las "ilegales confiscaciones de bienes" constituyen una deuda pública que tendrán que pagar las personas nicaragüenses, como ocurrió con las propiedades confiscadas durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), conocida como piñata.

Las piñatas en Nicaragua

La denominada piñata es una repartición de bienes y propiedades confiscadas a la familia Somoza, a sus allegados y a sus opositores, durante la década de los ochenta del siglo pasado, así como entre febrero y abril de 1990 durante el período de transición presidencial, en el que Ortega entregó el poder a la entonces mandataria Violeta Barrios de Chamorro.

OPTA advirtió que la primera piñata costó a las personas nicaragüenses 2.000 millones de dólares por medio de Bonos de Pagos por Indemnización (BPI) que fueron incorporados al Presupuesto General de la República desde 1998. Está vez -según el estudio, que es preliminar- el monto oscila en al menos 250 millones de dólares, que "son la punta del iceberg de la nueva piñata Ortega Murillo”.

ama (efe, afp)