¿Es fresa la fresa?

La discusión en torno a la manera correcta –e inequívoca para el consumidor- de etiquetar la comida viene de largo, y no sólo en Alemania. La industria alimentaria gana mucho dinero prometiendo cosas que quizás no sean mentiras completas, pero sí en muchas ocasiones verdades parciales. Por ejemplo, cuando el envoltorio hace alarde de dar cobertura a algo con un 0% de materia grasa, pero omite, o indica en letra muy pequeña, las altas cantidades de azúcar. O asegura contener un tipo de fruta, cuando de ésta todo lo que hay es un aroma.

La Agencia Europea para la Protección del Consumidor vigila los casos de engaño vil o velado desde hace años, pero sus posibilidades de ponerles coto siguen siendo, como demuestran los estantes de los supermercados, limitadas. En Alemania se debate desde hace tiempo la introducción del llamado “sistema del semáforo”, que ya se practica en otros países del continente y consiste en señalizar productos con un punto rojo, naranja o verde según su grado general de salubridad.

Las marcas de colores no gustan a los productores y se han opuesto tenazmente a ellas, hasta ahora con éxito. El nuevo portal de Internet que lanza el Ministerio alemán de Alimentación, Agricultura y Protección del Consumidor para verter “claridad” sobre los alimentos tampoco es del agrado empresarial, pero esta vez no podrá torpedearlo: la página ya está en la Red, y nace acompañada de cambios en la legislación germana.

¿Transparencia o castigo público?

Entrar en el portal lebensmittelklarheit.de, es decir, “claridad en los alimentos”, era hoy imposible. “Lo lamentamos”, podía leerse, “nuestro servidor sólo acepta 20.000 accesos por segundo”. Visto de esta manera, el primer día de vida del sitio ha sido triunfal: al parecer, los alemanes quieren saber qué es lo que comen y están dispuestos a hacer uso de la herramienta que se pone a su servicio.

Quienes lograban ingresar encontraban en la página tres elementos principales, describía la Central Alemana para la Protección del Consumidor, que gestionará el contenido por encargo del Ministerio: una parte formativa, en la que la propia Central hace públicos consejos, estudios y pesquisas; un ámbito de opinión, abierto al intercambio de información en el que se invita a participar tanto a los ciudadanos como a la industria misma; y una zona en la que se desgranan las cualidades de productos concretos.

Lo que para algunos es un acto en pro de la transparencia y los derechos del comprador, es calificado por otros como el ataque “a un ramo económico entero y a todos sus empleados”, criticaba Franz-Josef Möllenberg, presidente del sindicato Comida Disfrute y Gastronomía. La industria alimentaria se queja de estar siendo sometida a una versión moderna del castigo público.

Preguntar por teléfono o mail

Los responsables de la iniciativa, sin embargo, aseguran estar protegiendo a los ciudadanos de los “engaños” de algunas marcas y apoyando paralelamente a aquellas firmas que apuestan por un etiquetado serio, sincero y responsable. Algunas empresas han amenazado con emprender acciones legales contra el proyecto, a lo que el Ministerio y la Central para la Protección del Consumidor han respondido con un relajado “que lo hagan”.

Es la cristianosocial Ilse Aigner quien dirige esta Cartera, por lo que se interpreta que los conservadores alemanes aprueban la medida. Sus socios de coalición, los liberales, se han posicionado ya del lado de la patronal y los verdes califican la acción de “buena y correcta”, pero insuficiente: si se pretende garantizar realmente la claridad, deben darse los pasos legislativos correspondientes, exigen los ecologistas.

De momento, el equipo de Aigner ha presentado una modificación de la ley de Información del Consumidor, a partir de la cual el complicado proceso que sólo podía solventarse vía formulario y carta se sustituye por la posibilidad de solicitar datos sobre un alimento usando el teléfono o el correo electrónico. Entonces, las autoridades remiten al productor las preguntas y éste está obligado a contestar. Los puntos flacos de la reforma: hay que confiar en la veracidad de la respuesta, y si los funcionarios están sobrecargados de trabajo o el procesamiento de las consultas les impide llevar a cabo sus tareas habituales, pueden relegarlas.

Autora: Luna Bolívar/ rtrd/ dpa

Editora: Emilia Rojas Sasse