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Marea de biodiésel chino despierta sospechas en Europa

22 de agosto de 2023

Los productores europeos de biocombustibles avanzados están bajo presión. China inunda el mercado con ellos y los precios caen. Pero ¿es un juego limpio?

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Manifestantes, parados entre sacos de cereales, sostienen una pancarta con la leyenda: hagan alimentos, no combustible.
Protesta de Greenpeace por el uso de cereales para producir combustibles.Imagen: Paul Lovis Wagner/Greenpeace

Aparte de la electromovilidad, Europa apuesta por los biocombustibles para reducir el impacto ambiental del tráfico vehicular. Se fomenta especialmente la producción a partir de determinados residuos y desechos no alimentarios. La demanda de estos combustibles "de avanzada” aumenta, así como la oferta.

Sobre todo, se ha incrementado su importación desde China. Esta prácticamente se duplicó en el primer semestre de 2023, con respecto a igual período del año anterior, según Elmar Baumann, de la Asociación Alemana de la Industria de Biocombustibles.

Las sospechas

No es extraño que la oferta aumente si hay mayor demanda. Pero, en este caso, sí. La producción de biocombustibles requiere fábricas especiales, explica Claus Sauter, de la empresa alemana Verbio, una de las mayores del ramo en Europa.

Verbio requirió cerca de tres años para la planificación y construcción de una de esas plantas. Por eso, a Sauter le parece sospechoso que de pronto lleguen esas cantidades de biocombustible chino a Europa. "La mercancía es buena y muy barata. Los chinos la ofrecen a mitad de precio, pese a que los costos de transporte representan el 20 por ciento del precio. Eso no puede ser”, opina.

También Baumann desconfía. "Tenemos serias dudas de que las materias primas, que supuestamente son recolectadas en China, vayan a parar efectivamente en la producción de biocombustibles de avanzada”, dice. En su opinión, es probable que se le cambie la rotulación a combustible de aceite de palma.

Menor impacto ambiental

En el marco de los objetivos europeos hasta 2030, en Alemania la industria petroquímica está obligada por ley a reducir continuamente las emisiones de gases de efecto invernadero de sus combustibles. Por eso, las empresas mezclan biocombustibles, como biodiésel, con los combustibles fósiles. Así, en Europa el diésel suele tener hasta un siete por ciento de bioaditivos.

El origen de los biocombustibles también marca una diferencia. Los producidos en base a raps, soja o cereales solo se pueden utilizar limitadamente, porque compiten con la industria alimentaria. En cambio, los a base de residuos y desechos cuentan por partida doble en el cálculo de la reducción de CO2 emitido, de manera que las empresas recurren a ellos con gusto.

En consecuencia, la demanda de biocombustibles avanzados está prácticamente garantizada. Pero los productores europeos están en aprietos, porque los precios han bajado en más de un 50 por ciento desde comienzos de año, debido a las importaciones desde China.

Control limitado

El problema es que, "en el caso del biodiésel listo, no se puede verificar en el laboratorio de qué materia prima fue hecho, hay que fiarse de los papeles”, afirma Baumann. Por eso, prácticamente el único control es el certificado de sostenibilidad, en el cual el productor documenta el origen de las materias primas y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Los sistemas de certificación se basan en listas de control de empresas privadas.

Los sistemas autorizados por la UE no estipulan que el auditor compruebe si la fábrica está en condiciones de procesar materias primas muy contaminadas. Tales materias requieren un intenso tratamiento previo, para lo cual las fábricas de biodiésel necesitan procesos especiales. Además, China no permite que funcionarios extranjeros hagan controles independientes en sus plantas, según hace notar Bauman.

Las sospechas ya se han informado a las autoridades de Alemania y la UE, pero hasta ahora no han sido confirmadas, según una respuesta que dio el gobierno alemán a una consulta parlamentaria. La Comisión de la UE, por su parte, tiene un plazo de seis meses para reaccionar a las denuncias.

(ers/dzc)