El uso estratégico del ciberespacio por parte de la oposición venezolana durante la reciente campaña presidencial ha sido crucial para exponer ante el mundo los resultados reales de estos comicios. La publicación en internet del 83,5% de las actas de escrutinio, recopiladas por los testigos de la oposición, representó un inesperado y duro golpe al intento de manipulación de resultados por parte del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo control de Nicolás Maduro.
Pese a la burda tentativa de convalidar a través de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia "el falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía”, como lo catalogó Gabriel Boric, presidente de Chile, son muy pocos los miembros de la comunidad internacional, aparte de los aliados incondicionales, que hoy en día no están totalmente convencidos de la clara victoria electoral de Edmundo González.
La innegable derrota de Maduro y el rotundo fracaso de su narrativa comunicacional para intentar legitimar su fraudulenta proclamación han terminado de desnudar ante el mundo la naturaleza profundamente autocrática del régimen venezolano. Esta realidad ha colocado a Nicolás Maduro en una posición en la que, despojado de toda legitimidad, dependerá cada vez más de la fuerza para mantenerse en el poder.
Por ello, no es de extrañar que, junto con la despiadada represión en contra de la disidencia democrática, una de las primeras órdenes postelectorales de Maduro haya sido profundizar el control estatal sobre dos ámbitos que fueron clave en su derrota en las urnas: la sociedad civil organizada y el ciberespacio.
Para los venezolanos, el mundo digital se ha convertido en una herramienta esencial de resistencia ciudadana frente al sistema estatal de hegemonía comunicacional que impera en el país. Plataformas digitales como los portales de información y blogs, así como las redes sociales X, Instagram, Facebook y WhatsApp, entre otras, han sido utilizadas en Venezuela por organizaciones civiles, actores políticos, sociales y ciudadanos de a pie para desafiar la censura estatal y contrarrestar con éxito la narrativa oficial del régimen.
Para combatir este desafío ciudadano, el régimen chavista viene utilizando, desde hace varios años, un arsenal cada vez más amplio de restricciones y sanciones en contra de la libre actividad digital en el país. Como consecuencia de estas políticas, el índice de libertad de internet en Venezuela (Freedom on the Net) ha caído 17 puntos durante la última década, alcanzando en 2023 un valor de apenas 29 sobre 100. Esta calificación sitúa a Venezuela como un país con un internet "no libre" y la coloca entre las 20 naciones con los niveles más bajos de libertad digital en el mundo.
A pesar de este entorno tan restrictivo, los venezolanos han seguido desafiando al régimen desde las trincheras digitales. En respuesta, Maduro ha ordenado acelerar la institucionalización de un sistema de control estatal del ciberespacio, emulando el modelo de Irán, uno de sus aliados políticos más cercanos, con el cual el régimen venezolano ha suscrito numerosos acuerdos en tecnología y comunicaciones. Cabe recordar que en 2019 Maduro ya había intentado avanzar en esta dirección con el Proyecto de Ley Constitucional del Ciberespacio. La fuerte presión de la sociedad civil, sin embargo, logró frenar su aprobación en esa oportunidad.
El sistema iraní, caracterizado por su fuerte centralización y un enfoque altamente intervencionista y punitivo, comenzó a desarrollarse a principios de la década de 2010, precisamente como respuesta al uso que la oposición iraní estaba haciendo del internet para coordinar, movilizar y visualizar las protestas ciudadanas en contra de los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales de 2009. Actualmente, la República Islámica de Irán es uno de los países con el entorno digital más restrictivo del mundo, con un índice de libertad en internet de apenas 11 puntos sobre 100, solo superado en severidad por Myanmar y China.
Estructura especializada de control
El sistema de control del ciberespacio en Irán está estructurado en torno a una red de organismos, cuya máxima autoridad es el Consejo Supremo del Ciberespacio (CSC). Este órgano, establecido por decreto del Ayatollá Jamenei en 2012, está encabezado por el presidente de Irán y es el principal responsable de formular la política cibernética nacional. Bajo la dirección del CSC operan varios organismos especializados, como el Centro Cibernético Nacional (CCN), que supervisa y coordina la implementación de las políticas dictadas por el CSC; el Comité para Determinar Instancias de Contenido Criminal (CDICC), encargado de la censura en internet; la Policía Cibernética (FATA), que además de perseguir delitos cibernéticos, monitorea las actividades en línea de individuos y grupos sospechosos de disidencia política. Complementando esta red, están los Cyber Basij, una fuerza paramilitar vinculada a los Guardianes de la Revolución Islámica, que se dedica a crear contenido favorable al régimen, atacar a opositores en línea y difundir desinformación para apoyar la narrativa digital del régimen.
En Venezuela, la estructura especializada para el control del ciberespacio está en proceso de desarrollo. El pasado 12 de agosto, Nicolás Maduro creó el Consejo Nacional de Ciberseguridad (CNC) como órgano dependiente de la Presidencia de la República. Este Consejo, al modo iraní, centraliza la formulación de políticas cibernéticas bajo la supervisión de la autoridad presidencial, con un fuerte énfasis en el control estatal del ciberespacio y un enfoque que prioriza de forma exagerada la seguridad nacional por sobre el ejercicio de las libertades ciudadanas en la red.
Es previsible que el régimen de Maduro, siguiendo el modelo iraní, establezca órganos especializados para asumir las tareas relacionadas con el control del ciberespacio que actualmente desempeñan el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Tropa Tuitera chavista. El CESPPA es un organismo con facultades para interceptar comunicaciones personales en la web sin necesidad de una orden judicial; CONATEL es responsable de la supervisión y censura de los medios digitales, mientras que el SEBIN se encarga de monitorear las actividades en línea de individuos y grupos opositores. Por su parte, la Tropa Tuitera chavista, al igual que los Cyber Basij en Irán, se dedican a manipular el discurso en línea a favor de la narrativa del régimen.
Marco jurídico para el control y la represión
El marco jurídico que rige el ciberespacio iraní se ha promulgado con el objetivo de favorecer el desarrollo un sistema de control estatal cada vez más sofisticado y represivo de la actividad digital. Leyes como la de Delitos Informáticos y la de Protección de la Información han consolidado el poder del Estado iraní para censurar, vigilar y perseguir a quienes, desde el ámbito digital, se atreven a desafiar al régimen. Delitos vagamente definidos, como "propaganda contra el régimen" y "difusión de rumores", se utilizan para criminalizar y silenciar voces disidentes en línea, justificando la aplicación de penas severas, incluyendo la pena de muerte.
Siguiendo los pasos de Irán, el gobierno de Maduro viene impulsado la promulgación de leyes que otorgan al Estado venezolano amplias facultades para restringir la libertad en internet. Legislaciones como la "Ley contra el Odio" y el proyecto de ley "Contra el Fascismo", presentado ante la Asamblea Nacional en abril de este año, tipifican delitos con definiciones ambiguas, tales como "incitación al odio" y "apología del fascismo". Estas normativas pueden aplicarse de manera arbitraria a cualquier expresión en línea crítica hacia el régimen, imponiéndole a sus autores, o los responsables de los sitios web, sanciones severas que incluyen largas penas de prisión.
Mecanismos severos de censura digital
Amparados por estos marcos jurídicos, los regímenes de Irán y Venezuela han desplegado diversas estrategias para controlar el flujo de información en la red. Un elemento clave para este objetivo ha sido establecer un férreo control estatal sobre los proveedores de internet y la infraestructura de telecomunicaciones. Este dominio les permite degradar deliberadamente la calidad del servicio, obstaculizando así la comunicación efectiva entre los ciudadanos, además de facilitar la implementación de apagones selectivos de internet, especialmente durante períodos de agitación política o protestas.
Entre los instrumentos de censura en línea más utilizados por ambos regímenes se encuentran el filtrado y bloqueo sistemático de sitios web, junto con las restricciones o prohibiciones de acceso a redes sociales y aplicaciones de mensajería encriptada, como WhatsApp y Telegram. Además, se realizan esfuerzos para impedir que los ciudadanos evadan la censura digital, reforzando el bloqueo o prohibiendo el uso de Redes Privadas Virtuales (VPNs).
En Venezuela, el uso de estos mecanismos se ha intensificado notablemente con motivo de las recientes elecciones presidenciales. Organizaciones civiles como VE Sin Filtro y Espacio Público han documentado más de 550 incidentes de bloqueo de internet, afectando a 85 sitios web, entre ellos 51 medios de comunicación y 14 páginas críticas con el gobierno. Plataformas como la red social X (anteriormente Twitter) y Signal también han sido objeto de estas restricciones.
Es totalmente predecible que Irán seguirá fortaleciendo su férreo modelo de control digital, haciendo un énfasis especial en la consolidación de su Red Nacional de Información (NIN). Este desarrollo permitirá al régimen aislar aún más a los usuarios iraníes del internet global y ejercer un control casi total sobre los contenidos accesibles en línea dentro del país. Para los venezolanos, la intención de Maduro de continuar avanzando hacia el modelo iraní de control autocrático del ciberespacio representa un grave peligro para la lucha por la redemocratización del país.
(ers)