Lima buscará anulación de una concesión a empresa francesa

La Municipalidad de Lima decidió acudir al arbitraje para conseguir la anulación de la concesión de una ruta urbana con peaje a la empresa francesa Vinci Highways, que advirtió este jueves (26.07.2019) que resistirá en foros internacionales este intento.

El alcalde limeño, Jorge Muñoz, dijo que buscará la anulación del contrato por 30 años de una autopista que construyó la empresa brasileña OAS, envuelta en un escándalo de corrupción por esta obra, en un caso paralelo al de la brasileña Odebrecht que salpica a cuatro expresidentes peruanos.

Son peajes "manchados por la corrupción”, declaró Muñoz, al anunciar que recurrirá a un arbitraje para anular la concesión de la llamada Línea Amarilla, una autopista urbana de Lima. El funcionario pretende evitar el pago de una indemnización por terminar el convenio unilateralmente.

Sin embargo, Vinci advirtió que resistirá esta decisión, pues no tiene responsabilidad en el escándalo. "Defenderemos enérgicamente el respeto al marco legal y los tratados internacionales vigentes”, dijo Laurent Cavrois, gerente general de Vinci Highways, a la cadena América TV.

"La concesión va a terminar en 2049”, como estipula el contrato, agregó, asegurando que se trata de la mayor inversión de Vinci fuera de Europa y la mayor de una empresa francesa en Perú. La Municipalidad tomó la decisión tras fracasar una renegociación del contrato con la francesa para reducir las tarifas del peaje. Romper unilateralmente el contrato costaría al municipio unos 460 millones de dólares.

Vinci se negó a reducir la tarifa en la proporción que el municipio exigía para circular en esta ruta de 25 kilómetros, con 11 peajes. Muñoz quería reducir la tarifa de 5,7 soles (1,7 dólares) en 1,3 soles (40 centavos de dólar), pero la empresa solo aceptaba una rebaja de 20 céntimos de sol (6 centavos de dólar).

En 2009, durante la gestión del entonces alcalde Luis Castañeda, Lima firmó el contrato con OAS para la Línea Amarilla por 30 años. Posteriormente, bajo la gestión de Susana Villarán se amplió el plazo a 40 años. Si bien OAS inició el proyecto en 2009, éste después pasó a poder de la francesa. Actualmente Villarán está en prisión preventiva y Castañeda bajo investigación por este caso.  (EFE)