Legalizar el trabajo doméstico

En su lucha contra el trabajo informal, las autoridades alemanas quieren criminalizar el empleo doméstico que no sea declarado, tanto por quienes lo ejercen como por quienes lo contratan. Según algunos informes de prensa, la omisión de esta clase de empleo ante las autoridades podría llegar a ser clasificada como delito, algo que las autoridades desmienten.

Al mismo tiempo el debate coincide con los problemas presupuestarios de la administración pública. Falta dinero y el fisco alemán pasa a la acción. Por ello, junto a las reformas sociales y tributarias, otro frente para mejorar los ingresos públicos lo puede constituir el combate del trabajo "negro", como se dice en Alemania, es decir, el empleo informal. La lógica es sencilla: un trabajo reglamentado incrementa el número de contribuyentes a la seguridad social.

¿Infracción o delito?

Contrario a lo afirmado por la prensa, un portavoz del Ministerio de Finanzas afirmó que no habrá un cambio en el grado de ilegalidad del "trabajo negro", es decir, seguirá siendo considerado una infracción y no un delito penal.

Asimismo la Ministra de Justicia, Brigitte Zypries, negó la necesidad de implementar cambios en el ámbito jurídico, dado que el empleo "negro" ya es considerado una actividad ilegal. La ministra socialdemócrata quiere evitar la alarma social y tranquiliza a la opinión pública explicando que "no se realizarán controles en hogares de particulares".

400 euros

Según los analistas, para quienes trabajan en el sector doméstico existen pocos incentivos para declarar sus ingresos, ya que apenas superados los 400 euros mensuales, los aportes al fisco y a la seguridad social pueden llegar a ser considerables. Como quienes realizan trabajos domésticos por lo general tienen varios empleos al mismo tiempo, expertos como Harald Trotmann, de Instituto de Investigación Económica Aplicada, no creen que será fácil que se formalice este sector económico. Otro problema en la legalización de este trabajo es que lo desempeñan personas indocumentadas, es decir, que carecen de permiso laboral y que al declararlo quedarían expuestas ante la ley.

Aunque al necesidad de legalizar este sector laboral pueda ser racional sobre el papel, no es de fácil consenso dentro de la propia coalición de gobierno de socialdemócratas y verdes. Katrin Göring-Eckardt, líder de la bancada verde en el Parlamento advierte, por ejemplo, del peligro de sospechar automáticamente de todas las empleadas domésticas. Christine Scheel, portavoz de finanzas del mismo partido, sugiere por su parte, definir un nivel de tolerancia, hasta el cual este tipo de trabajo no sea considerado automáticamente una infracción.

Hay mucho por debatir. Por lo pronto se prevé que el proyecto de ley se presente próximo 18 de febrero. La nueva legislación sobre el empleo doméstico deberá ser aprobada el 9 de julio.