Líder mapuche: en Chile, el Estado no atiende la demanda indígena

La cumbre de dirigentes indígenas del pueblo Mapuche en el cerro Ñielol, en Temuco, localidad situada a unos 670 kilómetros al sur de Santiago de Chile, reunirá el miércoles a representantes de organizaciones históricas del propio pueblo Mapuche, entre ellas el Consejo de Todas las Tierras, la comunidad Temocuicui y la Alianza Territorial Mapuche, entre otras. También acuden representantes de la sociedad civil chilena, partidos políticos, parlamentarios, organismos no gubernamentales y una importante delegación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. A la cumbre, que tratará el conflicto que se vive en la región de la Araucanía, ha sido invitado el propio presidente Sebastián Piñera.

“Es un evento muy importante porque marca el inicio de un camino de diálogo político”, afirma Domingo Namuncura, director del Programa Indígena de la Fundación Chile 21, en conversación con DW. El experto chileno destaca que la asamblea de dirigentes de organizaciones mapuche quiere establecer una agenda política en función de un conjunto de demandas históricas que vienen siendo planteadas desde el 2004, cuyos compromisos esenciales han sido incumplidos por el Estado. El experto señala que las conversaciones tienen lugar en un momento de crisis en las relaciones entre el pueblo Mapuche y el Estado, después de los graves acontecimientos ocurridos en la localidad de Vilcún en donde murieron dos personas en un incendio, lo que se suma a otras muertes de miembros de la comunidad Mapuche. “Todo esto ha generado una tensión que hace necesario el retomar el diálogo político, que si hubiera tenido lugar no estaríamos en un momento tan crítico”, advierte.

Escalada del conflicto

La Sociedad Alemana para los Pueblos Amenazados, (GfbV) advierte desde hace días sobre una escalada del conflicto en la región habitada por las comunidades mapuche en el sur de Chile y exhorta al gobierno chileno a entablar un diálogo honesto con los representantes indígenas. La organización destaca el origen del conflicto; la demanda de devolución de por lo menos 700.000 hectáreas asignadas durante una reforma agraria durante la presidencia de Salvador Allende (1970-1973) a dichas comunidades, que el gobierno de Augusto Pinochet invalidó después.

El pueblo mapuche lucha desde hace más de dos décadas por la recuperación de las que considera son sus tierras ancestrales que fueron entregadas por el Estado chileno a colonos, principalmente europeos, hace casi un siglo. La región de la Araucanía es epicentro de la reivindicación indígena y de la respuesta violenta de los empresarios forestales y agricultores de la zona. “Es uno de los conflictos más antiguos que hemos tenido que seguir”, afirma Ivonne Bangert, experta de la organización, consultada por DW.

“Una demanda muy importante relacionada con los Derechos Constitucionales que tiene el Pueblo Mapuche es que sea implementada la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conocida como ILO-169, que es un catálogo de derechos fundamentales de los Pueblos indígenas que el gobierno ratificó en su momento pero no es puesto en práctica plenamente”, afirma Bangert. “Esperamos que se produzca un diálogo efectivo pero una precondición para ello es la desmilitarización de la región mapuche, el retiro de unos 600 uniformados, fuerzas especiales y policiales que se encuentran desplegadas ahí. Otro punto importante es que las fuerzas de seguridad responsables de asesinatos de jóvenes mapuche sean llevadas ante la justicia, que termine la impunidad”, advierte.

La Cumbre Mapuche tiene lugar en un momento de conflictividad después de varios incendios premeditados ocurridos en la región, en uno de los cuales murió calcinado en su casa el matrimonio integrado por el empresario agrícola Werner Luchsinger, de 75 años y su esposa Vivianne Mckay, de 69. La muerte de la pareja llevó al Gobierno chileno a pedir que los responsables sean procesados por la ley antiterrorista y a aumentar aún más el ya numeroso contingente policial en la región.

Rechazo a la ley antiterrorista

Domingo Namuncura subraya que hay un rechazo generalizado al uso de instrumentos que en tiempos de la dictadura militar fueron utilizados para reprimir a la oposición. “El Estado chileno cuenta con todas las normas jurídicas necesarias y pertinentes del Derecho consitutcional para perseguir la responsabilidad individual de los delitos que se cometan, eso no hace necesaria la aplicación de leyes antiterroristas o de Estado de excepción”, afirma.

“Lo que pasa es que tenemos un gobierno conservador", destaca Namuncura. "Históricamente los gobiernos conservadores nunca han comprendido la magnitud de la demanda de los derechos de los pueblos indígenas. El tema indígena siempre ha sido considerado como un problema de pobreza y de falta de oportunidades, no como un problema de derechos integrales. Lo que corresponde es que se abra el debate a esta tarea, reconocer los derechos indígenas, incluír a los indígenas en el Estado, integrarlos en espacios de representación propia y generar las condiciones para que haya un desarrollo cultural que respete la diversidad de nuestros pueblos en Chile”, destaca Namuncura.

El experto chileno duda de que el gobierno de Sebastián Piñera, al que le queda poco tiempo de gestión, estará en condiciones de sentar las bases para un acuerdo político. “La creación del Parlamento Nacional de los pueblos podría ser un avance en la manera de cómo entender la verdadera situación de nuestros pueblos. Es muy importante sentar señales que reduzcan el nivel de tensión existente”, exhorta.

El lento proceso en la conquista de derechos

Cuando la ONU proclamó el Convenio 169 en 2007, lo hizo aludiendo a una población indígena mundial estimada en unos 800 millones de personas. Organizaciones de Derechos Humanos denuncian una acción violenta por parte del Estado chileno que ha militarizado la región de la Araucanía y mantiene al pueblo mapuche, la principal entre distintas siete etnias en Chile, conformada por poco más de 700.000 personas, como uno de los grupos de mayor vulnerabilidad social del país.

“Tres mil comunidades indígenas son reconocidas por la ley. En la región de la Araucanía hay unas dos mil comunidades, en conflicto se encuentra unas 42 y las que están en una situación mucho más intensa en cuanto a nivel de conflictividad son unas siete comunidades. Pero la problemática de un Estado que no atiende la demanda indígena comprende en general a todos los pueblos indígenas del país”, concluye Namuncura.

Autora: Eva Usi

Editor: Pablo Kummetz