Inversión de la UE en Latinoamérica: ¿verde y justa?

"¿Quién se beneficia de la Global Gateway? La nueva estrategia de la Unión Europea para la cooperación para el desarrollo". En el informe presentado con este título en Bruselas, se pone en duda que esta novísima estrategia esté actuando como promete hacerlo: cooperar e invertir para avanzar en una transformación justa, verde y digital de sociedades como las de América Latina y el Caribe, aquejadas por la pobreza y la desigualdad. 

Eurodad, Counter Balance y Oxfam, organizaciones de la sociedad civil internacional, analizan 40 proyectos insignia de esta iniciativa que busca invertir en proyectos de infraestructura en todo el mundo. Con fondos de ayuda al desarrollo, la estrategia fue lanzada en 2021 para llevar inversión, defender intereses y cubrir necesidades europeas de materias primas y energía.

Del dicho al hecho hay mucho trecho

"Aquí vemos la primera contradicción importante de Global Gateway: aduce cooperación para el desarrollo, pero está buscando beneficios económicos para sus empresas", explica a DW Martha Sánchez, directora de programas de Oxfam en América Central.

De los 40 proyectos revisados en el informe, el 60 por ciento beneficia a empresas europeas como Siemens, Moller Group o Suez. Solamente un 16 por ciento de los proyectos del Global Gateway invierten en sectores clave para el desarrollo como salud, educación e investigación. De la mano del financiamiento de bancos de desarrollo como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), se trata de que los países desarrollen infraestructura para el almacenamiento de hidrógeno verde, líneas de metro, movilidad eléctrica, cadenas de extracción de materias primas críticas, conectividad.  Supuestamente con valor añadido para las poblaciones locales.

"No es que las poblaciones y las comunidades no estén pidiendo desde hace décadas vías e infraestructuras. Pero, ¿quién decide esos proyectos y cómo se formulan esos contratos? Me preocupa grandemente que, aduciendo cooperación para el desarrollo, se pongan a disposición más préstamos a países altamente endeudados. El 68 por ciento de la población de América Latina paga más en deudas que en salud y educación", dice la especialista de Oxfam, haciéndose eco de los resultados del estudio, en donde se aboga por mayor transparencia. Hasta el momento, en el Consejo Asesor del Global Gateway hay siete empresas que se han favorecido de los proyectos, constata el informe.

¿Erradicar la pobreza sigue siendo la idea?

Cabe recordar que, en las actas fundacionales de la Unión Europea (UE), consta que su "política de cooperación para el desarrollo tiene como objetivo primario reducir y, a largo plazo, erradicar la pobreza". Se trata, desde la década de 1960, de que los países "ricos" destinen recursos a los menos favorecidos; la meta actual es alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU (2030).  Para ello, en Europa, tanto la UE como sus miembros tuvieron hasta el 2021 sus propios programas de ayuda al desarrollo. A partir de ese momento, los estados miembros de la UE y el ejecutivo comunitario juntaron sus fondos para, junto con los bancos de desarrollo, apalancar créditos y garantías. Y llevar inversión a otros lares.

"El Global Gateway es un cambio de paradigma", explicaba en su presentación Marlene Holzner, directiva de la unidad de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea. Con más de una década de experiencia, Holzner enfoca la falta de efectividad de la ayuda tradicional y remite también a antiguas peticiones de la sociedad civil de una mayor coordinación entre los donantes.

Por otro lado, "desde la sociedad civil de América Latina y el Caribe, nunca pedimos que se juntara en una sola caja toda la cooperación europea. Sí pedimos sinergias, articulación y coherencia entre políticas y programas", explica a DW Jorge Balbis, especialista en desarrollo y representante de Foro Ciudadano para las Relaciones CELAC-UE.

En su opinión, este nuevo paradigma conlleva el peligro de ser exclusivamente en beneficio europeo. "El sector privado no quiere saber de diálogo", sigue Balbis. "Y sin monitoreo, visibilidad y participación de la sociedad civil, decir que el enfoque social es transversal es un paraguas bajo el que todo cabe", subraya.

Como fuere, el Global Gateway  se vende como una estrategia verde y limpia, con valores democráticos, de equidad y transparencia, haciendo clara oposición a otro tipo de inversionistas. Sin embargo, en el informe se habla, por ejemplo, de proyectos de extracción de materias primas con alto consumo de agua en países con estrés hídrico, como Chile.

"Con este informe estamos apelando a esos valores que dice tener la UE. Queremos que, en las delegaciones en América Latina, haya espacios de información y nos digan cómo funcionan esos contratos, cómo se van a evaluar, si esas inversiones sirven para disminuir la desigualdad, si la pequeña y mediana empresa local se favorece", exige Martha Sánchez.

¿Y qué pasa cuando las poblaciones no estén de acuerdo con esas "inversiones sostenibles, verdes y justas"? La sociedad civil "tiene que acompañar esta iniciativa. Hemos acompañado a comunidades a oponerse a la minería. Querríamos ver a la UE dispuesta a tener debates, allá en el sur global, para que las comunidades tomen sus decisiones", concluye Sánchez.

(rml)