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Extranjeros a la deriva en España

22 de mayo de 2003

La inmigración sigue siendo un tema candente en Europa. El gobierno español reformará, de nuevo, el viernes 23 de mayo la Ley de Extranjería. La oposición habla de "oportunismo electoral" a expensas de los extranjeros.

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Inmigrantes africanos son interceptados por guardias costeros españoles.Imagen: AP

El objetivo de la reforma es, según explicó el jefe de Estado español, José María Aznar del Partido Popular (PP) de "favorecer la inmigración legal y fortalecer la lucha contra la inmigración ilegal". Para ello, por ejemplo, se simplificarán los trámites burocráticos y el visado concedido en el país de origen podrá ser considerado como permiso de trabajo y residencia, se potenciarán los procedimientos de control y expulsión de extranjeros que accedan de manera ilegal a España, se aumentarán las sanciones y obligaciones de los transportistas. Las aerolíneas tendrán así que revelar la lista de pasajeros antes del despegue de todo vuelo con destino español, para que las autoridades examinen a toda persona que ingresa al país.

Tres reformas, tres fracasos


El anuncio de la reforma fue recibido entre críticas. La secretaria de Políticas Sociales del PSOE (Partido Socialista), Consuelo Rumí, instó a Aznar a "no utilizar la inmigración como tema electoral" y le dijo que en tres años de legislatura, "ha promovido tres reformas, ha tenido tres ministros y ha cosechado tres fracasos".

En el mismo sentido el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, tachó las palabras de Aznar de "pura propaganda" electoral y consideró que su objetivo es "ocultar los fracasos" del PP en política social. Más contundente fue el consejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, quien manifestó que la reforma es "un atropello democrático" dirigido a "captar el voto de la extrema derecha".

Illegaler Einwanderer in Spanien
Imagen: AP

Tirón de orejas

La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) recordó, por su parte, que la sentencia del Tribunal Supremo fue "un tirón de orejas" al Gobierno español y no un aliento a recortar los derechos de los inmigrantes.

Frente a estas acusaciones, el delegado del Gobierno para la Extranjería, Ignacio González, dijo que el objetivo fundamental, es "lograr una normativa común para todos los miembros de la Unión Europea en extranjería, inmigración, asilo y refugio".

Amnistía Internacional considera, por su parte, que la reforma prevista aumenta las restricciones al derecho de asilo e ignora el principio de no-devolución establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 1951.

Asylsuchende in der Ausländerbehörde in Hamburg
Imagen: AP

"Aquí vivo, aquí voto"

En las elecciones autonómicas y municipales del próximo 25 de mayo, las organizaciones sociales que defienden los derechos de los inmigrantes han decidido instalar varias urnas para simular una campaña electoral con la participación del voto inmigrante. Los organizadores de la jornada aclaran que no se trata de "jugar a votar de mentiritas". Todo lo contrario; aun sabiendo que el voto de los inmigrantes ese día no será contabilizado, el resultado de la jornada servirá para medir el verdadero interés de los propios inmigrantes por participar, con pleno derecho, en las decisiones políticas que compete al conjunto de los ciudadanos.

Para la Red es urgente que los inmigrantes formen parte de los mecanismos de participación con las mismas garantías con que cuentan los ciudadanos españoles, entre otras muchas razones, por las positivas ventajas que el fenómeno migratorio ha traído a España para garantizar la vitalidad de su economía.

¿Garantes de estabilidad?

Fuera de España se desconoce la dinámica que ha inyectado la inmigración al proceso de modernización y desarrollo de España, así persistan los cuestionamientos. Hay quienes advierten que no poca responsabilidad le compete al Gobierno de Aznar por la improvisación y la carencia de una política coherente de inmigración, además de las señales contradictorias que un día ponen a los inmigrantes como garantes del salario de los ocho millones de pensionistas, y al otro como los responsables de los índices de delincuencia.


Según el secretario de Estado Extranjería y la Inmigración, Ignacio González, en 2002 de los 1.324.001 residentes legales que hay en España, 855.354 aportan a la Seguridad Social. Según estimaciones de la Unión Europea, para sostener las estructuras industriales y sociales, España necesita, 240.000 y Alemania medio millón de emigrantes al año de aquí al 2050.