Europa: las dos caras de la inmigración

Los quince jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, reunidos en la ciudad española de Sevilla, acordaron medidas para frenar la inmigración ilegal. Pero declinaron en cambio, la imposición de sanciones financieras a los países pobres que no cooperen en detener el flujo de ilegales hacia el próspero bloque europeo. Se estima que alrededor de tres millones de personas viven clandestinamente en el viejo continente.

Motivados por los temores públicos sobre la creciente inmigración en Europa y en vista del ascenso de los partidos de extrema derecha, los líderes de la UE respaldaron las propuestas para establecer controles fronterizos más estrictos y acordaron presionar a terceros países para lograr su cooperación.

No a los castigos a los pobres

Alemania, Gran Bretaña, Italia y España favorecían que se retirara la ayuda a las naciones que fallen en el combate de traficantes de personas y no den acogida a sus ciudadanos expulsados de la UE. El Canciller alemán Gerhard Schröder, quien enfrenta una dura batalla por su reelección en septiembre, no descartaba la adopción de sanciones como un último recurso.

Sin embargo, otro bloque de países encabezado por Francia y Suecia, consideran este tipo de castigos inútiles y argumentan que usar la ayuda internacional como instrumento de presión a los países en vías de desarrollo - que los inmigrantes abandonan en busca de una vida mejor en Europa- dañaría la credibilidad del bloque. "No habrá ninguna sanción", dijo ante periodistas el primer ministro sueco, Goran Persson, aludiendo al documento final que los líderes aprobarán el sábado.

Europa necesita la inmigración

Según cifras de la policía europea Europol, cada año ingresan a la UE alrededor de medio millón de inmigrantes ilegales. El estrecho de Gibraltar entre Marruecos y España es la principal ruta marítima para penetrar Europa por la vía ilegal. Italia también se ve al borde de sus fuerzas cada vez que llega a sus costas mediterráneas un buque cargado con miles de ilegales.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, cuyo país preside la cumbre de Sevilla, dijo que los europeos deben encontrar un equilibrio entre "el deseo de una mejor vida y los esfuerzos de la UE de integrar mejor a sus inmigrantes". Entre las medidas a adoptar se encuentra la negociación con terceros países sobre acuerdos de repatriación, mejorar el intercambio de información consular (visados), así como intensificar la cooperación entre las autoridades de control fronterizo.

"Estamos todos de acuerdo en que Europa necesita la inmigración, dijo por su parte el ministro alemán del Exterior, Joschka Fischer. Las mafias traficantes de ilegales deben ser combatidas –dijo- pero a los refugiados hay que darles protección".

En un continente que envejece y donde el índice de natalidad es bajo, la entrada de inmigrantes es una cuestión de supervivencia. Según la oficina estadística europea Eurostaat, la UE necesita unos 44 millones de inmigrantes hasta el año 2050 para mantener su crecimiento económico y garantizar su futuro sistema de pensiones.

ETA tras los atentados

La cumbre de Sevilla que cierra la presidencia española en el Consejo de la UE, comenzó con retraso debido al caos en el tráfico provocado por una huelga general en España. El estallido de dos coches bomba en centros turísticos amenazó con centrar la atención del encuentro en el problema de seguridad y violencia política. Seis turistas resultaron heridos tras la explosión de un coche bomba en un hotel en la localidad de Fuengirola, a 200 kilómetros de Sevilla. Una segunda explosión estremeció el pueblo costero de Marbella, también en la provincia de Málaga, pero no hubo heridos. Se atribuye la autoría de los ataques a la organización separatista vasca ETA. La cumbre de los quince en Sevilla estuvo herméticamente cerrada.