Estatuto de Cataluña: ¿fin de la polémica?
19 de junio de 2010
El 30 de marzo de 2006, Pasqual Maragall estaba pletórico. "Cataluña ha conseguido lo que no había conseguido en 300 años", exclamó el entonces jefe del gobierno catalán, después de que el Congreso de los Diputados en Madrid aprobara la reforma del polémico Estatuto de Autonomía de esta región del noreste del país.
Con 189 votos a favor, 154 en contra y dos abstenciones, los diputados dieron ese día el visto bueno a un texto que otorga a Cataluña un mayor autogobierno y el reconocimiento de "nación", pero ello no puso fin, ni mucho menos, a una de las mayores controversias políticas de la historia reciente de España.
El Tribunal Constitucional se dispone a pronunciarse sobre las demandas de inconstitucionalidad del texto estatutario, tras cuatro años de deliberaciones y seis infructuosos intentos de dictar sentencia. Los magistrados se reunirán a partir del próximo lunes, en sesiones consideradas decisivas para el futuro político catalán.
Los magistrados estudiarán el borrador de sentencia redactado por su presidenta, María Emilia Casas, pero no se espera una decisión inmediata, aunque su intención es pronunciarse antes del inicio de la precampaña para las elecciones catalanas de otoño próximo.
La polémica en torno a la reforma quedó patente el mismo día de la votación: los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), impulsores de la reforma y teóricamente los más interesados en conseguir la mayor autonomía para esa comunidad, se pronunciaron en contra de la norma.
También lo hizo el conservador Partido Popular (PP), que meses después recurriría el Estatuto ante el Tribunal Constitucional, alegando que el texto supone "el fin del Estado español".
“Un texto totalmente descafeinado”
El argumento de los independentistas, socios de Maragall en el gobierno tripartito de Cataluña, fue que el texto originalmente pactado y que seis meses antes había sido aprobado por una abrumadora mayoría del Parlamento catalán en Barcelona salió tan "descafeinado" de los filtros parlamentarios en Madrid que al final era totalmente insuficiente para sus aspiraciones.
Uno de los ejemplos que mencionaron entonces los independentistas fue la definición de Cataluña. El texto aprobado por el Parlamento catalán rezaba: "Cataluña es una nación".
En la versión votada en Madrid, sin embargo, la polémica frase fue suavizada: "El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad".
Además, el término "nación" sólo quedó en el preámbulo del estatuto, no en el articulado, como defendía ERC.
Texto de reforma, "limpio como una patena"
Muy satisfecho con esto estaba, por el contrario, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien meses antes ya había asegurado que el texto de reforma quedaría "limpio como una patena" tras su paso por el Congreso.
Fue precisamente Zapatero quien propició el proceso que condujo a esta reforma: en noviembre de 2003, durante la precampaña para las elecciones generales que ganaría en marzo de 2004, el líder socialista prometió en un mitin en Barcelona que apoyaría la reforma estatutaria que saliese del Parlamento catalán.
Esa promesa le causaría más de un dolor de cabeza y duros enfrentamientos con el PP en su primera etapa como jefe del Ejecutivo, además de roces con los socialistas liderados por Maragall en Cataluña y los socios de éste en el gobierno regional a la hora de intentar rebajar las aspiraciones soberanistas del texto.
Resultó llamativo, en este sentido, que en la recta final del proceso negociador fuese el líder de los nacionalistas catalanes moderados (CiU), Artur Mas, el que se convirtiera en el principal interlocutor del presidente del gobierno, pese a que su partido estaba en la oposición en Cataluña.
Tampoco el plebiscito acabó con la polémica
En todo caso, el rechazo de los independentistas de Esquerra a la reforma en el Congreso de los Diputados causó una profunda crisis en el gobierno catalán, que sólo seis semanas después llevó a la disolución del tripartito. Fue el 11 de mayo de 2006, pocos días después de que la norma pasara en Madrid el trámite del Senado.
La crisis además hizo necesarias elecciones anticipadas. Éstas se celebrarían el 1 de noviembre de 2006, dando el gobierno catalán al socialista José Montilla.
El malestar de ERC con la reforma en aquella época era tal, que los independentistas incluso hicieron campaña por el "no" de cara al referéndum con el que los catalanes debían ratificar el nuevo Estatuto de Autonomía el 18 de junio de 2006.
El "sí" en aquella consulta ganó de calle, aunque con baja participación. Alrededor del 74 por ciento se pronunció a favor y un 21 por ciento en contra. El resto fueron abstenciones.
Pero tampoco aquel plebiscito acabó con la polémica: el PP había recogido cuatro millones de firmas para poder convocar un referéndum sobre la reforma del Estatuto en toda España y no sólo en Cataluña, pero la iniciativa fracasó en el Parlamento en Madrid.
De manera que un mes después del referéndum y a nueve días de la entrada en vigor de la reforma, los conservadores recurrieron el Estatuto ante el Tribunal Constitucional. Desde entonces, España espera la sentencia del alto tribunal.
Jorge Vogelsanger (dpa)
Editor: Pablo Kummetz