En América Latina se siguen robando bebés

El robo de recién nacidos es uno de los capítulos más oscuros de la historia de las dictaduras militares de América Latina. Por desgracia, también hoy en día es un fenómeno más común de lo que a muchos les gustaría.

Este martes (08.11.2018), Perú asistió con horror a los resultados de un operativo policial que sacó a la luz las actividades de una presunta organización criminal que traficaba con niños en Arequipa. En el foco de la polémica se encuentra un ex director general de la Policía Nacional del país, que está siendo investigado por varios delitos relacionados con esa actividad delictiva.

Más allá de esa coyuntura, la realidad es que el problema del tráfico de bebés y niños está lejos de ser una terrible anécdota en la región latinoamericana. Según las organizaciones que defienden los derechos de la infancia, es un desafío que –con sus especificidades- afecta a todos los países que la integran.

Los conocedores de la situación aclaran que esta actividad criminal se manifiesta de diferentes formas en función, sobre todo, de la edad de la víctima.

Las redes delictivas actúan sobre todo en dos grandes ámbitos. El primero de ellos es el de las adopciones ilegales. Según Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de la coalición de oenegés Redlamyc, en estos casos las organizaciones criminales actúan en colaboración con funcionarios públicos de diferentes sectores para hacerse con los bebés y llevar a cabo estas adopciones: "Aprovechan la fragilidad institucional de sus países y sus marcos normativos inexistentes o huecos”. A menudo, afirma a DW el activista, la familia de destino no sabe lo que se esconde detrás del procedimiento de adopción.

Guatemala es uno de los países que está en el punto de mira a este respecto. El país fue desde la década de los ochenta del siglo pasado un punto clave del mercado mundial de adopciones irregulares. El resurgimiento, a partir de los años 2013 y 2014, del número casos de sustracciones, así como la presunta implicación de trabajadores sanitarios y del poder judicial a la que apuntaban las pocas investigaciones policiales que salían adelante, hizo saltar las alertas respecto a una realidad en la que, critican sus conocedores, reina la impunidad.

Un problema de clase, pero también étnico o cultural

Los casos de niños y niñas mayores, por otro lado, son diferentes. Unicef alerta desde hace años de que las situaciones de empobrecimiento y vulnerabilidad son un caldo de cultivo para la proliferación estas actividades delictivas. Al final, son los niños y niñas de las comunidades con menos recursos, menor acceso a las instituciones y que enfrentan peores situaciones de opresión –como los menores indígenas- quienes están más expuestos. Es una cuestión de clase, pero también étnica, cultural y demográfica.

Meredith Fabian, experta de la fundación Casa Alianza, que trabaja por los derechos de la niñez en varios países latinoamericanos, subraya en una entrevista con DW que entre estos grupos más vulnerables se encuentran los niños que viven y trabajan en la calle, "que carecen de factores de protección como la familia o la escuela”. Pero también los menores migrantes, especialmente aquellos que emprenden solos el viaje hacia una incierta promesa de futuro, los llamados menores no acompañados. Un matiz que recuerda a las mediáticas caravanas de migrantes que desde hace semanas cruza Centroamérica y México en dirección a Estados Unidos.

Fabian incide igualmente en el especial riesgo que corren los menores que sufren situaciones de violencia doméstica, un blanco más fácil para las organizaciones criminales. A partir de una determinada edad, el tráfico de niños ya se dirige al mercado de las adopciones ilegales, sino que tiene como fin la explotación laboral o sexual, esta última sobre todo en el caso de las niñas.

No hay datos sistematizados sobre cuánta víctimas de tráficos de niños puede haber en América Latina, según confirmaron a DW varias organizaciones que trabajan en este ámbito. Más bien, explica Pérez García, la magnitud y la naturaleza de esta "industria del crimen" se van desvelando a golpe de titulares, con acontecimientos como el que ha ensombrecido estos días la actualidad peruana, los cuales, a juicio del experto, "van mostrando patrones”.

Son bebés, no mascotas

¿Qué pueden al respecto tanto los países donde esto ocurre como aquellos adonde se dirige esta forma de trata de personas? En opinión de Pérez García, es urgente actualizar los acuerdos internacionales, que han quedado desactualizados ante un crimen organizado que rema a mayor velocidad. Aunque duda que esto sea una prioridad para los países de renta alta, entre ellos los europeos. Pero también, recuerda Fabian, es necesario realizar cambios en la legislación y las políticas que rodean al tráfico de menores. El objetivo debería ser acabar tanto con los factores que lo favorecen como con la impunidad que lo perpetúa.

Incluso en el terreno cultural y moral hay trabajo por hacer, defiende Pérez García, quien se refiere específicamente a la cuestión de la adopción. "Tenemos que cambiar el paradigma y dejar de pensar en familias que buscan una mascota para comprar, y que pueden elegir el país, el color de piel, o la edad”, sostiene. Él pide colocar en el centro a los menores y rechazar la discriminación que sufren quienes tienen determinadas condiciones o padecen ciertas enfermedades. "Dicho de otra manera: necesitamos niños que adopten familias, y no al revés”.

(CP)

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