Antes de dejar el poder, Andrés Manuel López Obrador dejó sobre la mesa dos iniciativas prioritarias para alcanzar lo que él concibe como "su proyecto de nación”, las cuales impuso a su pupila y sucesora, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum.
Una es la extinción del Poder Judicial como contra peso al poder Ejecutivo, poniéndolo a la "venta” de todo tipo de intereses a través de la elección directa de jueces, magistrados y ministros cuyos candidatos serán propuestos mayoritariamente por el partido MORENA.
La segunda es el aniquilamiento del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que tras 22 años de funcionamiento ha sido un instrumento indispensable para la evolución de la democracia en México. Ha obligado a que quien esté al frente de la Presidencia de la República y el gobierno federal transparente sus decisiones y acciones, y así rindan cuentas ante los ciudadanos.
Tanto el Poder Judicial como el INAI se convirtieron en un obstáculo para el autoritarismo, secretismo y manipulación con el que ha querido gobernar AMLO, su llamada Cuarta Transformación,y el "segundo piso de la 4T” que encabeza Sheinbaum.
El 15 de septiembre de este año, el aún presidente promulgó la ley que desaparece el poder judicial como había sido diseñado en la Constitución mexicana, lo cual ha generado incertidumbre en la sociedad e inversionistas. Y este 28 de noviembre, en el Senado de la República, la aplastante mayoría compuesta por el partido oficial MORENA y aliados aprobaron la extinción del INAI.
Los dos cambios radicales ocurridos en tan solo tres meses son una clara prueba para los ciudadanos y la comunidad internacional de que el gobierno de México se ha salido definitivamente de la ruta de la democracia y a pasos muy acelerados está regresando a los tiempos negros de la "dictadura perfecta” del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI), como lo llamó el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Durante 70 años ese partido se aferró a la Presidencia de la República usando el engaño, la represión, manipulación de la justicia y en una absoluta opacidad para ocultar sus excesos y corrupción.
Fueron años de tinieblas donde el poder presidencial se ejercía dentro de una caja blindada sin que nadie pudiera ver hacia dentro de ella ni pudiera entender que ocurría ahí. Eran los tiempos del presidente "tlatoani”, era incuestionable, intocable, infinito y omnipresente.
Durante décadas, luchas sociales encabezadas por intelectuales, académicos, periodistas y miembros de los partidos de oposición - incluyendo muchos que hoy integran MORENA- lograron cambios a leyes electorales e impulsaron leyes de transparencia que pusieron fin de la tóxica y perversa hegemonía del PRI y permitieron que hubiera en México alternancia en el poder durante este siglo.
Es irónico y muy preocupante que quienes llegaron al poder gracias a instrumentos democráticos ahora los desaparezcan para repetir un nuevo período de antidemocracia y oscuridad.
La muerte de la rendición de cuentas
Uno de los instrumentos más eficaces para destruir esa "caja blindada” dentro de la cual el gobierno ejercía el poder en total opacidad fue la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que fue promulgada en junio de 2002 a regañadientes por el gobierno de Vicente Fox Quezada, del Partido Acción Nacional.
La ley tenía como objeto que cualquier persona pudiera hacer solicitudes de información al gobierno federal, incluyendo a la Presidencia, sobre cualquier tema relacionado con la administración publica: uso de dinero público, sueldos, contratos, nombramientos de funcionarios, diagnósticos y programas de gobierno, índices de impunidad, toma de decisiones, etc. Es decir, la ley permitía a los individuos conocer y entender todas las acciones del gobierno.
Antes de eso, la Constitución mexicana preveía el derecho de petición del ciudadano a las autoridades, pero sin reglas ni responsables, ni tiempos de atención específicos. Las pocas peticiones que se llegaban a hacer quedaban en su inmensa mayoría acumuladas en los archivos muertos y prácticamente nunca se daba respuesta a las solicitudes. Era totalmente discrecional lo que el gobierno quería responder y si lo que respondía era verdad.
Como parte de esa ley se creó un órgano autónomo, independiente al poder ejecutivo, que se encargara de que efectivamente ésta se cumpliera: el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que con los años evolucionó al INAI.
El INAI ha sido esencial para que esa ley no fuera letra muerta. Una de sus funciones esenciales es supervisar que las instituciones del gobierno federal cumplan con las normas de transparencia elementales determinadas en la ley. Pero además, si una autoridad se niega a entregar información pública a un ciudadano, o se la entrega incompleta, el ciudadano puede presentar un recurso de inconformidad y el pleno del INAI, integrado por comisionados independientes, deciden si la autoridad tuvo o no razón en negar la información.
Las autoridades están obligadas a abrir sus archivos al INAI y este así determina si la información puede ser "clasificada”, o si es "inexistente” o si por opacidad injustificadamente se negó al peticionario. De ser así, el instituto tiene el poder de ordenar al gobierno la entrega de dicha información.
De esta manera comenzaron a salir a la luz pública actos de corrupción, conflictos de interés, excesos, documentos internos que exponían toma de decisiones equivocadas en diversas instituciones e incluso falsedades de los gobiernos federales en turno, desde el de Vicente Fox hasta el de Andrés Manuel López Obrador.
El acceso a la información pública se convirtió en un instrumento fundamental que avivó la democracia en México, y sin duda alguna influyó en la intensa alternancia en el poder ejecutivo en lo que va de este siglo. El PAN gobernó de 2000 a 2012; sus actos de corrupción, omisiones y excesos fueron fundamentales para que otro partido político ganara las elecciones en 2012. Fue el regreso del PRI. Y en 2018, a causa del mal gobierno de ese partido ventilado en la mayoría de las veces gracias a la ley federal de transparencia y decisiones del INAI, AMLO y el partido MORENA llegaron al poder.
La rendición de cuentas es incómoda
En lo personal, la desaparición del instituto me provoca una sensación de luto y me obliga a una profunda reflexión. Significa la muerte de una larga lucha para hacer que el poder Ejecutivo en México, otrora intocable y todo poderoso, rindiera cuentas, de la cual fui parte importante.
Muchos especialistas e incluso los propios directivos del INAI han reconocido que fue mi trabajo como periodista de investigación al revelar en junio de 2001 el primer escándalo de corrupción del gobierno de Vicente Fox conocido como "el toallagate”, el detonador para que la Ley de Transparencia fuera presentada ante el Congreso a fines de 2001, fuera aprobada y promulgada en 2002, y entrara en vigor en el 2003, marcando un antes y un después en el ejercicio del poder público en México.
El reportaje que publiqué en el periódico Milenio se tituló "Presidencia compra toallas de 4,025 pesos”. Salió a la luz gracias a una batalla que di junto con mi editora Georgina Morett, combatiendo la fuerte censura que se pretendió imponer el periodista Carlos Marín, entonces directivo del diario de circulación nacional.
Fue el producto de una investigación periodística que nació de la promesa de Fox de eliminar los gastos excesivos en la Presidencia, habituales en el régimen del PRI, y el anuncio de que la residencia Miguel Alemán ubicada en Los Pinos, donde antes vivía la familia presidencial, se iba a convertir en oficinas de gobierno. Fox y su familia iban a habitar supuestamente con "austeridad” en un área de cabañas que existían dentro de Los Pinos.
La pregunta que me hice era elemental ¿Esto era verdad? ¿Se acabaron los tiempos de excesos y despilfarro? Entonces no existía la ley de transparencia, y el concepto del poder presidencial era que éste seguía siendo intocable. No para mi.
Quise conocer que pasaría con todos los muebles, obras de arte, vajillas, y decoraciones de la residencia Miguel Alemán que era propiedad del pueblo de México, y cuanto costaban las remodelaciones en dicha mansión y de las cabañas.
Otra dependencia del gobierno federal, semanas antes, me había informado de la existencia de un instrumento que entonces ningún periodista ni medio de comunicación conocía: una plataforma electrónica llamada COMPRANET, que era utilizada por proveedores del gobierno para participar en concursos para dar servicios o vender productos a la administración pública federal.
Ahí estaban registrados de manera ordenada y con fácil acceso todos los contratos del gobierno por entidad publica. Al abrir la sección correspondiente a la Presidencia con la clave 02100 aparecían los diversos contratos con proveedores. Fui abriendo uno por uno, hasta que encontré el de la empresa MYO, S.A. de C.V. Ahí estaban los contratos por adjudicación directa para la remodelación de las cabañas y los productos de uso residencial adquiridos para acondicionar, amueblar y decorar las "cabañas”. La supuesta austeridad de Fox eran una gran farsa.
El símbolo del despilfarro fueron la compra de toallas para secarse las manos de un costo de 4,025 pesos cada una. Vajillas de 40 mil pesos, cama y pie de cama por 55 mil pesos, cortinas eléctricas a control remoto con un costo de 173 mil pesos, entre otras excentricidades.
Mi investigación causó un cisma en el naciente gobierno de Fox y obligó a Carlos Rojas, director de administración de Los Pinos y otros miembros de su equipo a renunciar a sus cargos. Rojas era uno de los colaboradores más cercanos y lo había ayudado a recabar fondos en su campaña presidencial.
Mis hallazgos fueron bautizados por la prensa "toalla-gate” haciendo alusión al "Watergate” que causo la dimisión del presidente Richard Nixon. Fox no dimitió, pero ahí terminó su "luna de miel” con los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que entendieron que el poder presidencial finalmente ya no era "intocable”.
Era apenas el inicio del destape de la cloaca de la profunda corrupción de la pareja presidencial compuesta por Fox y Martha Sahagún, y sus hijos. A partir de ese momento, él y su esposa buscaron a toda costa censurar cada reportaje mío en Milenio. Como premio, el periódico casi me triplicó el salario, me ascendió de nivel, y me quiso condenar al silencio. No lo acepté y renuncie en 2002.
Contemporáneamente un grupo integrado por la sociedad civil denominado "Grupo Oaxaca” impulsaba ya la necesidad de crear una ley federal de transparencia que obligara al poder a rendir cuentas.
Francisco Javier Acuña, miembro de ese grupo y quien luego se convirtió en presidente del INAI en 2020 afirmó: "Hubo que arrancarle al gobierno de Fox, que era la alternancia, cumplir con su oferta de campaña por la transparencia; el caso del ‘toallagate' aceleró este procedimiento y vino un periodo difícil de negociación”
El reconocido periodista Andrés Oppenheimer escribió sobre el caso un artículo titulado "El toallagate, modelo de lucha anticorrupción”.
Con el tiempo, la plataforma Compranet fue perdiendo su transparencia y la facilidad para consultarla, hasta convertirse en un mamotreto.
El poder por naturaleza busca la opacidad
La ley de transparencia y el instituto responsable de su cumplimiento comenzaron a funcionar en el año 2003. Durante muchos años fui una de las personas que más solicitudes de información hizo al gobierno federal. Sobre mi expertise di conferencias de capacitación en diversos medios de comunicación en México, en el Congreso, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en diversas partes del mundo.
Con esos instrumentos legales, México se colocó a la vanguardia del mundo en materia de transparencia. Ningún otro país tenía esa visión progresista de la rendición de cuentas y el acceso a la información. Cuando iba a otros países y explicaba el funcionamiento de la ley había asombro e incluso cierta envidia por parte de periodistas.
Desde el primer día, el poder presidencial tuvo resistencias a cumplir la ley. Desde el inicio puso obstáculos para cumplirla porque se entendió que si la sociedad conoce la forma y fondo de cómo se gobierna, cuando se hacen las cosas mal hay repudio y consecuencias por los excesos, corrupción, abusos de autoridad y mentiras. NO se puede ser "popular” si la sociedad conoce los sucios secretos del poder.
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló este mes un estudio interesante sobre la resistencia a la rendición de cuentas.
En el gobierno de Calderón, de 2007 a 2012, se presentaron 34.200 recursos de revisión. Con Enrique Peña Nieto, del 2013 al 2018, se presentaron 52.500. Y durante el mandato de AMLO, del 2019 a septiembre de 2024, con 1,6 millones de solicitudes, hubo 113 mil recursos ante el INAI (7 %) porque el gobierno no proporcionó la información pública solicitada.
Existen decenas de ejemplos de casos de corrupción, engaños del gobierno federal y abuso de autoridad que se han podido conocer en los últimos lustros gracias a la ley de transparencia y al IFAI que luego cambio a INAI. En el sexenio de Calderón, que Genaro García Luna y muchos de los integrantes de su equipo no presentaron o reprobaron sus exámenes de control de confianza que por ley debían hacer y aprobar. Y que la Secretaría de Seguridad Pública federal gastó más de 118 millones de pesos para hacer una serie de televisión que mejorara la imagen de García Luna y su gente, luego de mis investigaciones que exhibieron su corrupción.
En el mandato de Peña Nieto, se pudieron conocer las declaraciones de los militares relacionados con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El gobierno de Peña Nieto aseguró que los militares nunca se enteraron de los hechos. Pero las propias confesiones de militares que obtuve a través de la ley federal de transparencia y el INAI señalaban que sí supieron y que estuvieron en las calles durante los ataques y desaparición.
Y se supo que el presidente tenía una mansión obtenida de un empresario que a cambio ganó millonarios contratos en ese gobierno. El caso fue revelado por Aristegui Noticias y fue conocido como "La casa Blanca de Enrique Peña Nieto”.
También se pudo conocer el caso de "La Estafa Maestra” del medio Animal Político que, gracias a la ley de transparencia, pudo comprobar decenas de contratos por millones de pesos otorgados a empresas fantasma.
Siempre hubo tensiones entre el instituto de transparencia y el gobierno federal, pero partir de la llegada de MORENA al poder las cosas empeoraron.
Desde su llegada a la Presidencia, AMLO consideró al INAI inservible. Como viejo lobo de mar había aprendido que sus antecesores habían perdido la permanencia de su partido en la presidencia en una buena parte por los escándalos de corrupción. Así que, para no padecer de lo mismo para la 4T, lo mejor era eliminar la transparencia y reinterpretarla a su modo.
Durante su mandato, gracias al INAI, se pudieron conocer informes que revelaron irregularidades en las principales obras públicas de AMLO como El Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas. Y la SEDENA hubo de entregar información sobre los contratos para la compra del spyware Pegasus.
Y también se supo que en México fueron producidas millones de pastillas de fentanilo, algunos de los cuales fueron decomisados por la SEDENA, pese a que según AMLO en el país no se producía dicha droga.
Gracias a la solicitud de información que realicé al IMSS pude conocer que el gobierno de López Obrador mantenía contratos con la empresa Estancia Infantil Niño Feliz, boletinada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los negocios utilizados por el narcotraficante Ismael Zambada García para lavado de dinero.
Uno de los momentos más álgidos fue cuando el gobierno de AMLO quiso clasificar toda la información de las obras de infraestructura que realizaba como si fuera "de seguridad nacional”, para así evadir rendir cuentas sobre éstas.
Retroceso y antidemocracia
Claudia Sheinbaum, hasta ahora obediente alumna que sigue las líneas de gobierno dictadas por AMLO, ha concretado la muerte de la transparencia y acceso a la información.
Con la desaparición del INAI ahora será el gobierno de MORENA, a través de la secretaria de la Función Pública, el responsable de aplicar la ley de transparencia, cuando en sus seis años de gestión ha sido el menos transparente desde que comenzó a funcionar la ley. La secretaría cambiara de nombre a Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, como si eso cambiara su esencia, que es que el gobierno será juez y parte, no solo en decir qué actos son corruptos, sino en decidir a qué información debe o no acceder la sociedad.
La encargada de hacer que la transparencia se cumpla es Raquel Buenrostro, muy cercana a AMLO. ¿Cuántos ‘cadáveres tiene en el armario' el expresidente que tuvo que eliminar el INAI?
Nadie puede pensar que esto es un "avance” en la democratización del país, sino un regreso a los tiempos del viejo PRI al que MORENA imita y ha logrado tristemente superar.
El derecho a la información es un derecho humano irrenunciable por el que debemos luchar todos los días.
(ers)