Deportaciones en Brasil: Bolsonaro, por la senda de Trump

La ordenanza administrativa número 666 aprobada por el ministro de Justicia de Brasil, Sérgio Moro, busca facilitar la deportación de "extranjeros que representen un peligro para la seguridad” del país o impedir de antemano que entren a su territorio. Las críticas no se han hecho esperar. "En Brasil no ha pasado nada que justifique una ordenanza como esa”, dice la abogada Tania Maria de Oliveira, de la organización no gubernamental Asociación Brasileña para la Defensa de la Democracia, en entrevista con DW.

El abogado federal Joao Chaves asegura que la medida tomó desprevenidos a todos los profesionales que laboran en el ámbito de la migración, acotando que lo tradicional en Brasil no es expulsar a los inmigrantes que han entrado sin documentación en regla al país, sino legalizar su situación lo antes posible. Actualmente hay alrededor de 11.000 refugiados reconocidos en el gigante sudamericano y unas 160.000 solicitudes de asilo en estado de tramitación. Al contrario de Europa, Brasil no solía enfrentar la migración como un problema.

Medida reñida con la Constitución

También Thiago Amparo, especialista en derechos humanos y relaciones internacionales de la Fundación Getulio Vargas, se muestra extrañado por la ordenanza de Moro. A su juicio, la medida viola la Ley de Migración de 2017, que más bien les ofrece muchas garantías a los refugiados. Por ejemplo, la iniciativa de Moro reduce los plazos para presentar reclamos o apelaciones de sesenta días a cuarenta y ocho horas. "Eso dificulta que las personas afectadas hagan valer sus derechos”, comenta Amparo.

"Ningún tribunal aceptaría este tipo de cambios en Europa, ni siquiera en Alemania, que tiene una legislación muy severa”, esgrime Chaves, añadiendo que la ordenanza de Moro permite deportar a un inmigrante incluso cuando no hay pruebas sólidas de que violó las leyes brasileñas, mientras que la Ley de Migración de 2017 condiciona la deportación a la emisión de una sentencia judicial. Por si fuera poco, poner a personas bajo custodia ante una inminente deportación –práctica prohibida en 2017– vuelve a ser legal gracias a Moro.

Un cañón para matar a una mosca

Chaves subraya que corregir la Ley de Migración de 2017 mediante una simple ordenanza atenta contra lo estipulado en la Constitución de Brasil; lo correcto sería poner en manos del Congreso nacional la enmienda de la ley mencionada. A sus ojos, ese tipo de decisiones arbitrarias suelen ser tomadas por dictaduras y no por regímenes democráticos. Con su nueva retórica anti-migración, el Gobierno de Jair Bolsonaro sigue los pasos de los Ejecutivos de Estados Unidos, Polonia y Hungría, critica, por su parte, Thiago Amparo.

Estos expertos en migración perciben la iniciativa de Moro como una manera de amedrentar al periodista estadounidense Glenn Greenwald, quien se ha erigido en el archienemigo de Bolsonaro tras publicar los protocolos de una conversación entre Moro y los investigadores de la unidad anticorrupción "Lava Jato”. Greenwald siempre ha dicho que esos protocolos fueron filtrados por una fuente anónima; pero eso no ha impedido que Bolsonaro y sus ministros demanden el encarcelamiento del reportero bajo cargos de hackeo.

El hecho de que Greenwald esté casado con el congresista David Miranda, representante del estado de Río Janeiro, y haya adoptado a dos niños brasileños, impide que el estadounidense sea deportado. Pero el presidente Bolsonaro ha dicho explícitamente que, si expulsarlo del país no es posible, "tendría que pasar varios años en una prisión local”. Marina Iemini Atoji, de la federación de periodistas ABRAJI, apunta que "esa es la reacción típica de Bolsonaro a las noticias que no le gustan. Él trata de amedrentar a los periodistas”.

(erc/ers)

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