Del crimen y los políticos despistados

¿Tienen los criminales las de ganar en Europa? Ésta es la impresión de muchos ciudadanos que siguen las incidencias del horripilante caso del francés que se asentó en Bélgica para seguir violando y asesinando mujeres. A pocos kilómetros de la frontera francesa, ya nadie podía enterarse de que Michel Fourniret era realmente un peligroso criminal que trabajaba en llave con su mujer. Y aunque las autoridades belgas habían pedido información a sus homólogas francesas, éstas ya no tenían nada en contra de Fourniret: su largo historial de crímenes había sido borrado, por ley. Esta ventaja legal le concedió al homicida, prácticamente, “licencia para matar” en otro país.

Archivo de datos

En Alemania, el ministro de Asuntos Interiores, Otto Schily, propone, por su parte, llevar “un archivo central de potenciales terroristas islámicos en donde se procesen todas las informaciones relevantes”. Pero no todos lo aplauden. Políticos y ciudadanos temen abusos. Uwe Schünemann, ministro cristianodemócrata de Baja Sajonia, explica, por ello, que tanto la policía como los servicios de inteligencia serían “obligados a reportar toda información a la central”. Al citado banco de datos se sumaría una oficina criminalística de análisis bajo la tutoría de la federación.

¿Violación de la Ley Fundamental?

Max Stadler, vocero de la bancada liberal en el Parlamento, expresó el inmediato rechazo a “la fusión de las tareas de los policías con las de los agentes secretos” que, como agrega, “impide la constitución alemana”. Por su parte, el ministro bávaro social cristiano, Günther Beckstein, se opone arguyendo “intromisión de Berlín en los asuntos privativos de los Estados federados”. Pero en verdad, Beckstein quiere ir aún más lejos: la extensión del derecho policial de escuchar conversaciones privadas con la intención de evitar o recoger evidencias de presuntos crímenes.

El febril afán de más seguridad – o quizás más bien, el de figurar como político de mano dura - parece enceguecer a más de uno olvidando los principios democráticos. La propuesta de marras contempla la grabación de conversaciones entre médico y paciente, entre abogado y mandante y entre periodistas e informante. Pero ni siquiera la policía está de acuerdo. Konrad Freiberg, jefe del sindicato gremial (GdP), confiesa apoyar la instalación de una central de datos, pero critica a los políticos que hablan de más y más medidas cuando al mismo tiempo reducen personal y recursos financieros. Además, agrega, “transgredir todas las barreras de la privacidad no va a llevar a nada”.

Cédula con registro de delitos

A nivel europeo los ministros de Justicia tampoco han logrado ponerse de acuerdo. Brigitte Zypries, la titular alemana, se opone a la instalación de un registro europeo de criminales por considerarlo “burocrático” y propone “intercambiar datos”. A lo que el líder liberal Guido Westerwelle, responde que “esto no ha funcionado” y que lo que Europa necesita es una ”tarjeta de identidad con el registro personal de delitos”. Y mientras los políticos debaten, los criminales siguen delinquiendo sin respetar ni fronteras ni dignidad humana.