Cuestionan a termoeléctrica dominicana en Bruselas
6 de septiembre de 2023
En una zona de República Dominicana que sus habitantes recuerdan como sumamente limpia, desde hace tres años, cuando comenzaron a funcionar dos plantas termoeléctricas, en la noche el cielo se ve como si fuera a llover. Pero no es lluvia lo que va a caer, es ceniza.
"Estamos hablando de una central termoeléctrica que arroja arsénico, mercurio y otros residuos tóxicos que en Europa están regulados o completamente prohibidos y que está afectando todo el territorio, la alimentación y la salud sobre todo de los niños”, explica a DW Jimena Reyes, directora para la Américas de la Federación Internacional deDerechos Humanos(FIDH), en la presentación del informe "Central Termoeléctrica Punta Catalina, el cuerpo del delito: violaciones a los derechos de los niños y las niñas de República Dominicana y el Caribe”.
Según el informe, basado en estudios especializados, la planta emite 7, 9 y 12 veces más material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno que lo permitido en la Unión Europea (UE). También 122 kilogramos anuales de mercurio, un elemento prohibido en los países de la UE.
"¿Cómo es posible que se pusiese en funcionamiento una planta de este calibre en 2019, cuando el mundo entero apostaba por la descarbonización?”, se pregunta Jimena Reyes, que ha liderado la presentación del informe ante las instituciones europeas, en las cuales -en el marco del Pacto Verde Europeo- se gestionan inversiones en energías renovables, bonos verdes, sustentabilidad medio ambiental y salud para República Dominicana y el Caribe.
"Los efectos de los residuos nocivos de Punta Catalina llegan sobre todo a Haití, pero también alcanzan a Jamaica y Cuba”, afirma Reyes. El informe había sido presentado horas antes ante la ONU, en Ginebra, por la violación de los derechos de los niños.
Según los cálculos que se presentan en el informe, realizado por siete científicos dominicanos, varios de la Universidad de Duke y otros de la Universidad de Oregón-, los 30 años de vida útil de esta central serán causantes de 2473 muertes en República Dominicana y de 3000 muertes en Haití.
Altos índices de mortalidad
¿A qué se debería el alto índice de mortalidad y en qué se basan para afirmarlo? El análisis se basa en tres años de funcionamiento de la planta, que ha tenido graves fallas estructurales, según un monitoreo, realizado por presión de la sociedad civil, encargado por el gobierno de la isla.
En ese lapso se han acumulado, a cielo abierto, tres montañas de residuos de la altura de tres edificios y de la extensión de cinco campos de fútbol, explicaban a la prensa especialistas y activistas del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático y del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente. Y aunque la empresa ha colocado mallas protectoras sobre las montañas de residuos, éstos son solubles y llegan a los acuíferos y al mar.
Apoyo del Pacto Verde de la UE
Ante la emergencia sanitaria y económica que representa la central para la población de la isla -los campos de caña, mango y papaya ya no producen y la gente emigra-, las organizaciones dominicanas y la FIDH piden auxilio en la UE. También, dado el caso, corresponsabilidad de la empresa italiana que forma parte del consorcio constructor, como de los bancos europeos que financiaron el proyecto hasta cierto momento. El escándalo de corrupción que envuelve la licitación de la termoeléctrica explicaría por qué, a pesar de los compromisos internacionales para descarbonizar, el gobierno dominicano optó por la oferta más cara y contaminante.
No obstante, ni empresa ni gobierno ven viable cerrar una central que costó 3.900 millones de dólares y que, en este momento, cubre el 30% de la necesidad energética de República Dominicana, antes de la construcción la central agobiada por los "apagones”.
Como fuere, "es un caso emblemático para la directiva europea de debida diligencia”, explica Jimena Reyes, quien aboga por apoyo europeo urgente, por ejemplo, para retirar de manera segura los residuos tóxicos. "Por otro lado, en el marco del Global Gateway vemos pertinente una discusión sobre este tema y que no se espere hasta el 2040 para cerrar la central, sino que desde Bruselas se impulse una hoja de ruta para su cierre, de aquí a cinco años”, concluye.