Comienza el proceso por la destrucción de Tombuctú

En julio de 2012, el grupo terrorista Ansar Dine destruyó en la ciudad maliense de Tombuctú edificios históricos y reliquias que formaban parte del Patrimonio de la Humanidad de Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya consideró esos actos como crímenes de guerra. Este lunes 22 de agosto comenzó el proceso contra el líder de los terroristas, Ahmad Al Faqui Al Mahdi. Una situación extraordinaria para una corte que usualmente se ocupa de crímenes contra seres humanos.

“Este proceso es extraordinario en muchos aspectos. Es el primero que se ocupa de Mali. Es la primera vez que un acusado se declarará culpable. Y es la primera vez que la destrucción de monumentos culturales son tratados como crímenes de guerra”, dijo la portavoz de la Corte, Oriane Maillet, a DW. Los fiscales confían en que el proceso será rápido. Si el acusado mantiene su confesión, el veredicto debería estar en una semana. Si bien los investigadores no han dado cifras, se da por sentado que pedirán varios años de prisión para Al Mahdi.

¿Una corte solo para África?

En general, los otros casos no son tan sencillos como el de Mali. En este año y el anterior, hubo dos procesos contra políticos de Kenia que debieron ser declarados nulos, oficialmente por falta de pruebas. Los jueces han cerrado 14 casos, de los cuales solo dos terminaron en sentencias de prisión. Otros 31 procedimientos siguen abiertos. Hasta ahora, todos los acusados son africanos relacionados con distintos conflictos, desde el Congo hasta Libia, pasando por Sudán. El ministro de Exteriores de Ruanda, Louise Mushikiwabo, reclamó a comienzos de año que el Tribunal fue creado, sin duda, para condenar exclusivamente a africanos. “En esencia, es usado por Europa para manipular la política africana. ¿Dónde están los blancos procesados por este tribunal? ¿Me quiere usted decir que en los países donde la gente tiene la piel clara no hay crímenes?”, dijo Mushikiwabo.

Solo para miembros

La CPI cuenta actualmente con 124 países miembro, un cuarto de ellos de África. El personal de la Corte solo puede provenir de estados que han ratificado el estatuto de la entidad. Varios países importantes, como Estados Unidos, Rusia o China, se oponen a esta instancia. Países en conflicto, como Israel, Irak y Siria, no han firmado el estatuto o no lo han ratificado. “La Corte se encarga de crímenes cometidos en todo el mundo. Cuando se dice que solo se concentra en África, en realidad se trata de una crítica mal enfocada. Hasta ahora nos hemos concentrado en crímenes contra víctimas africanas. Eso es distinto. Pero además hay procesos abiertos en Georgia e investigaciones preliminares de otros casos en el mundo”, sostiene la portavoz de la CPI, Oriane Maillet.

Sistemas legales débiles

El que principalmente se vean casos de África tiene muchas razones, argumenta Elise Keppler, de la organización “Human Rights Watch”. Y tiene poco que ver con el racismo, sino más bien con el hecho de que varios de los conflictos con los peores crímenes contra la humanidad han ocurrido en África. Además, los sistemas legales en ese continente son más bien débiles. La experta en África Elise Keppler escribe en un análisis que “la ausencia de tribunales competentes deja a la CPI como el único camino para llevar ante la justicia a altos cargos responsables de delitos”.

El presidente de Ghana, John Mahama, exigió hace un año, en conversación con DW, que los mandatarios africanos no sean perseguidos por la Corte. Esa inmunidad, sin embargo, está claramente excluida de los estatutos de la Corte. “La CPI es relevante, pero hay que tener en cuenta el punto de vista de África. África se siente atacada, con razón o sin ella. Solo líderes africanos son juzgados en la CPI”, dijo el mandatario ghanés.

Última instancia

La postura de John Mahama no prevalece en la Unión Africana. En la última cumbre, de julio de 2016, no hubo ningún llamado a renunciar en masa a la CPI. Si bien Kenia quería dar ese paso, se opusieron Nigeria, Senegal, Costa de Marfil, Túnez y otros. La Corte reacciona a las críticas señalando que “actuamos solamente cuando el sistema legal de un país no es capaz de trabajar de forma adecuada. Por ello nos referimos a nosotros mismos como tribunal de última instancia”, dice la portavoz de la Corte. En el caso de Tombuctú, de hecho, Mali pidió que el jefe terrorista Al Mahdi fuera juzgado en La Haya.