Bolivia contra la pared

Si los bolivianos mismos no salvan su propio país, no hay nadie en el mundo que lo pueda hacer por ellos. Ésta es en resumen, la divisa de observadores extranjeros frente a la endémica crisis boliviana, cuya fuente principal, según Bert Hoffman del Instituto de Estudios Iberoamericanos, con sede en Hamburgo, radica en la inaceptable "exclusión de la mayoría de los bolivianos" de los servicios, las oportunidades y los dividendos producidos por la explotación de los recursos nacionales. En el actual caso, vastos sectores populares exigen la nacionalización de los hidrocarburos.

Cierto es que nadie puede suplir ahora desde el exterior la deficiencia interna de las estructuras e instituciones democráticas. Algo positivo es que, de todos modos, los grandes riesgos para la nación parecen ser reconocidos por el actual presidente, Carlos Mesa, que es visto como "una de las últimas esperanzas" por allegados europeos a la vida boliviana. Pero por loable y necesario que sea en estos momentos reforzar la institucionalidad del Estado, Mesa mismo ha complicado más las cosas mezclando agua con aceite: la convocación, el 16 de octubre, a una Asamblea Constituyente y un plebiscito autonómico. La fecha única hace más difícil un acuerdo entre las partes enfrentadas.

Mesa quiere "cumplir mandato"

La Asamblea Constituyente es una de las principales reivindicaciones de los grupos y sectores sociales que mantienen a Bolivia virtualmente incomunicada con Perú, Chile, Argentina y Paraguay. Mesa, que pretende cumplir su mandato para "dar soluciones que destraben lo que se está convirtiendo en un peligrosísimo empantanamiento”, está siendo cada vez más ignorado por el Congreso boliviano que entretanto, fracasó por tercera vez en llegar a un acuerdo conciliatorio.

La profunda polarización regional viene dividiendo a Bolivia entre autonomistas (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) y asambleístas (La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Oruro). La distancia entre las posiciones parece "infranqueable". Los llamados al movimiento social a deponer las protestas y a la Iglesia Católica a labrar un encuentro nacional que pacifique el país no han encontrado mucho eco.

De paradojas y luchas intestinas

El escenario no podía ser más paradójico. Al tiempo que la mayoría pide la justa repartición de los bienes nacionales, la región más rica del país busca despedirse de Bolivia con las maletas llenas, dejando a su "familia" en la miseria. Los temores, dentro y fuera de Bolivia, de que una vez dispersadas las fuerzas de cohesión nacional, la crisis desemboque en una confrontación violenta no son infundados. Desde poderosos representantes de la industria y el comercio hasta el líder cocalero Evo Morales, jefe del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), consideran la propuesta de Mesa "inconstitucional". Morales, que representa a la segunda fuerza en el Congreso, piensa incluso que a lo que apunta Mesa es a “clausurar el Parlamento”.

Pero la renuncia del presidente Mesa, como la piden empresarios del rico departamento de Santa Cruz, no necesariamente inducirá a una salida democrática. Máxime, cuando Mesa, aunque ha sido vergonzosamente incapaz de resolver los problemas más cruciales, es una de las pocas figuras conciliatorias de la vida política boliviana. Los culpables de "la destrucción de Bolivia", no son siempre los demás, como a menudo se aduce, sino todos los sectores, oficiales, económicos y civiles que se nieguen a negociar una salida democrática, no importa cuán amargas sean las concesiones.

Reforzar cultura democrática

Los primeros en deplorar la situación han sido los mismos latinoamericanos, más por solidaridad con el pueblo boliviano que por temor a las probables pérdidas económicas. Y, eso que Brasil, el mayor inversionista en la industria del gas boliviano, tiene buenas razones para estar preocupado. Con alertas precipitadas para sus connacionales, lo que han logrado los Estados Unidos y Argentina es exasperar más los nervios.

Por ahora, la Unión Europea lo único que puede hacer, aparte de lanzar llamados a la cordura, es reforzar la cooperación con las fuerzas democráticas interesadas en defender el Estado de Derecho, impulsar y hacer efectiva la equidad social y económica y mantener la integridad nacional de Bolivia.

Para la Organización de Estados Americanos (OEA), el caso boliviano debería ocupar, eso sí, un puesto prioritario en la agenda a largo plazo.