Acuerdos Colombia-FARC: el pulso de la recta final

“Suspender el acuerdo ahora porque no se cumplió el plazo del 23 de marzo que puso el presidente Santos sería ridículo. Nunca antes se había llegado tan lejos, más del 90% del paquete está acordado”, explica a DW Franklin Castañeda, presidente del “Comité de Solidaridad con los Presos Políticos”.

Hay que recordar que esta fecha límite se comenzó a manjear después de acabar el difícil capítulo de justicia. Eso ocurrió en un acto solemne, hace justo seis meses, en La Habana, con presencia del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Rodrigo Londoño (alias Timochenko), jefe de las FARC, y el presidente cubano, Raúl Castro.

Cabe recordar también que estas negociaciones -que se iniciaron oficialmente el 4 de septiembre de 2012- tienen lugar bajo la premisa de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado” y que cualquiera de las dos partes puede someter a revisión cualquier punto. Eso sucedió: el gobierno colombiano sometió a revisión el acuerdo de justicia.

“De los 75 puntos que contiene trascendieron diez. Uno de ellos –el que probablemente molestó a los militares- permitía la participación de las FARC en la reglamentación de un modelo de justicia para los actores del conflicto armado”, dice Castañeda. El texto revisado deja en manos del gobierno la aplicación de justicia para los militares. Su aprobación apenas a mediados de diciembre retrasó el proceso.

Los desafíos en la recta final

En la recta final de este acuerdo, “falta hacer precisiones en algunos puntos en materia de género, negociar el cese de hostilidades, la lucha contra el paramilitarismo y unas reformas institucionales que permitan la reincorporación de las FARC a la sociedad civil”, detalla Castañeda, abogado especialista en derechos humanos. La reincorporación de las FARC a la vida civil y el cese de hostilidades podrían convertirse en el pan que se quema a la puerta del horno.

Por un lado, se trata de dejar o entregar armas: según las FARC, se deja las armas y a medida que se van implementando los acuerdos se las entrega. El gobierno propone una entrega previa a la amnistía. Por otro lado, una vez firmados los acuerdos, las FARC proponen unas zonas de concentración de los exguerrilleros, ubicadas básicamente en zonas que han estado bajo su control. El gobierno propone 11 zonas, sin población civil, controladas por fuerzas internacionales.

“En lectura de las FARC, éstas terminarían siendo cárceles a cielo abierto. Lo que las FARC proponen es el modelo 'territorios para la paz', grandes extensiones de territorio donde se concentrarían no sólo los reincorporados de las FARC sino las medidas del post acuerdo”, explica Castañeda.

Más que cese del conflicto

A este respecto, según el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, “el objetivo de todo proceso de desarme, desmovilización y reintegración es contribuir a la seguridad y la estabilidad en los entornos, después de los conflictos. Se trata de ayudar a crear un entorno propicio para que se den procesos políticos y pacíficos al abordar el problema de seguridad que aparece cuando los ex combatientes están tratando de adaptarse a la vida normal”.

En este sentido, “cualquier modelo de reintegración que se acuerde en Colombia debe privilegiar el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana”, argumenta Castañeda.

¿Quién dará el brazo a torcer? “Más allá de mostrar en público una supuesta fortaleza por poner o no a las FARC tras las rejas, debemos priorizar lo que sea necesario para la paz, no sólo para que cese el conflicto. Esto en Colombia pasa por el desminado, por la sustitución de cultivos ilícitos, por la creación de reservas campesinas, para lo que necesitamos de la colaboración de las FARC”, concluye.

Como fuere, las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano paz no concluyeron este 23 de marzo; julio se ve como un horizonte más realista.