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Los cabos sueltos del caso AMIA

Evan Romero-Castillo (dpa, EFE) (CHP)6 de agosto de 2015

Empieza en Buenos Aires el juicio contra el expresidente Carlos Saúl Menem y otros doce acusados de sabotear la investigación del atentado contra la AMIA; un caso cuyas implicaciones trascienden las fronteras argentinas.

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Imagen: Getty Images/AFP/D. Luna

Este jueves (6.8.2015) comienza el juicio contra el expresidente argentino Carlos Saúl Menem (1989-1999), el juez bonaerense Juan José Galeano y otros once acusados de sabotear la investigación del mayor ataque perpetrado contra una comunidad judía desde la Segunda Guerra Mundial: el 18 de julio de 1994, un coche bomba hizo volar la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), dejando 85 muertos y cientos de heridos.

El proceso para determinar la responsabilidad de aquel atentado fue iniciado durante el Gobierno de Menem, pero Galeano, el primer juez a cargo de la causa, fue destituido en 2005 por “mal desempeño”. El magistrado es señalado de haber sobornado al abogado Carlos Tedellín para que éste incriminara a policías de la capital argentina y desestimara las pistas que apuntaban hacia empresarios sirios cercanos a la familia de Menem.

Otra de las irregularidades registradas durante la fase de instrucción del caso fue la desaparición de unas sesenta cintas magnetofónicas que contenían conversaciones telefónicas entre los presuntos miembros de la conexión sirio-argentina aludida. Ahora, Hugo Anzorreguy, otrora director de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder por ese “extravío”.

Carlos Saúl Menem, presidente de Argentina de 1989 a 1999.
Carlos Saúl Menem, presidente de Argentina de 1989 a 1999.Imagen: picture-alliance/AP Photo/N. Pisarenko

Importante juicio paralelo

Encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica son las imputaciones que pesan sobre Menem y doce exfuncionarios de mediano y alto rango; Galeano es acusado adicionalmente de prevaricato. Rodrigo Borda, abogado de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas mortales, cita hipótesis según las cuales no es sólo la identidad de los autores del ataque explosivo lo que se ha intentado ocultar.

Y es por eso que este juicio paralelo tiene tanta importancia para la comunidad judía de Argentina y para una porción nada despreciable de la opinión pública de ese país. ¿Se procuraba “tapar que se sabía” que iba a producirse un atentado? ¿Se buscaba distraer la atención de los intereses macropolíticos en juego? Esas son apenas dos de las conjeturas en circulación, dice Borda. Y él no las describe como teorías de conspiración.

La propia Cristina Fernández de Kirchner, jefa del Gobierno argentino, comentó recientemente que el caso AMIA “sigue siendo un tablero de la política nacional e internacional”. Fue su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), quien le dio un nuevo impulso al proceso principal –el que busca esclarecer la autoría del atentado contra la AMIA–, poniendo al fiscal Alberto Nisman al frente de la comisión investigadora.

Investigaciones truncadas

En 2006, Nisman acusó a Irán y a Hezbolá de ser, respectivamente, autor intelectual y material de la matanza. Un año después, Nisman pidió también la detención y el enjuiciamiento de Menem, Galeano y Anzorreguy por entorpecer las averiguaciones. Un documento filtrado por Wikileaks en 2011 reveló que Estados Unidos presionó a Nisman para que abandonara las pesquisas en torno al Ejecutivo de Menem y se concentrara en los iraníes.

Irán figura en la lista de los posibles autores intelectuales del ataque contra la AMIA desde el principio de las investigaciones. La “pista siria”, en cambio, dejó de ser rastreada por falta de pruebas en 2004 y fue retomada apenas en 2009 por orden de la Corte Suprema, durante el primer mandato de Fernández de Kirchner. No obstante, también la “mujer fuerte” de Buenos Aires se ha visto envuelta en polémicas debido al caso AMIA.

En 2013, Fernández de Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con Teherán cuya constitucionalidad aún no ha sido establecida por los tribunales argentinos y que sus detractores criticaron por presuntamente anteponer el comercio bilateral a la justicia: el 14 de enero de 2015, basándose en ese documento, Nisman acusó a la presidenta de intentar encubrir a los autores iraníes del ataque contra la AMIA.

El fiscal fue hallado muerto en circunstancias aún por aclarar cuatro días después de iniciar su querella contra la mandataria y la denuncia en cuestión fue desestimada poco después. El Congreso Mundial Judío, con sede en Nueva York, ha lamentado la falta de progreso tanto en la investigación del atentado contra la AMIA como en la de la muerte de Nisman. El ataque contra la AMIA fue el segundo perpetrado contra una institución judía en Argentina; el primero –cuyo blanco fue la embajada de Israel en Buenos Aires– tuvo lugar en 1992.