"Se destruye la integridad electoral en Venezuela"

El pasado martes (23.1.2018), la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela ordenó adelantar las elecciones presidenciales. Originalmente pautadas para diciembre, todo indica que los comicios se realizarán a más tardar el 30 de abril. El ministro de Exteriores de México, Luis Videgaray; el secretario general de la OEA, Luis Almagro; catorce Estados miembros del Grupo de Lima; el Gobierno estadounidense y, en Europa, el Ejecutivo alemán han condenado esa moción.

Deutsche Welle habló sobre las implicaciones de estas votaciones anticipadas con José Ignacio Hernández, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela e investigador visitante en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Harvard Kennedy School, de la Universidad de Harvard. A sus ojos, la élite chavista –que controla a la ANC y al resto de los poderes públicos del Estado sudamericano, excepto el Parlamento– viola la Constitución flagrantemente. 

Deutsche Welle: Dr. Hernández, ¿por qué ha sido rechazado con tanta vehemencia el adelanto de las elecciones presidenciales por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)? No es sólo la oposición antichavista en Venezuela la que ha denunciado esa movida como un atentado contra el Estado de derecho…

José Ignacio Hernández: Por una parte, como órgano estatal, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es ilegítima en su origen porque la elección de sus miembros no fue el resultado de un proceso democrático convocado como lo establece la Carta Magna. Por otro lado, esta es la tercera vez que la ANC usurpa una competencia exclusiva del Poder Electoral; antes había ordenado llamar a comicios municipales y repetir la elección del gobernador en el estado occidental de Zulia.

Algunos tachan de ingenua a la oposición, señalando que fueron sus dirigentes quienes clamaron por elecciones anticipadas el año pasado y que era previsible que el oficialismo les tomara la palabra cuando a éste le conviniera y no antes. Pero la oposición no pidió comicios adelantados en condiciones que limitaran sus perspectivas de éxito…

Así es. Al aprobar la moción para que los comicios presidenciales se realicen en el primer cuatrimestre de 2018, la ANC desconoce un principio importantísimo en toda elección: el de la certidumbre o seguridad. La Constitución establece que las convocatorias a las urnas deben hacerse con una antelación mínima de seis meses con miras a que todos los actores políticos se preparen debidamente para la contienda electoral. De aquí al 30 de abril sólo hay tres meses para hacer campaña.

A eso debemos sumar que, al inmiscuirse de manera arbitraria e improvisada en estas lides, la ANC destruye la poca integridad electoral que queda en Venezuela. Cuando hablo de integridad electoral me refiero a que los comicios no sólo deben ser legales y constitucionales, sino también legítimos, es decir, reconocidos por la ciudadanía como mecanismos válidos y dignos de confianza para resolver conflictos políticos. En otras palabras, la ANC está promoviendo la abstención.

En ese sentido, la decisión de la ANC viola preceptos de la Carta Magna venezolana y también tratados internacionales como la Carta Democrática Interamericana. Esto se ve agravado por el hecho de que no se trata de una moción aislada, sino de un fraude continuado, iniciado en 2017 con el propósito de eliminar las elecciones competitivas. No es casualidad que la ANC inhabilitara a los principales partidos de oposición en diciembre y ahora adelante los comicios presidenciales.

Al impedir, de facto, que el candidato oficialista se enfrente a un contendiente tanto o más fuerte que él, queda claro que el objetivo final es garantizar la continuidad del régimen de Nicolás Maduro en el poder… Antes de la elección de la ANC, el Gobierno venezolano era calificado como un régimen autoritario competitivo, un híbrido que convocaba a las urnas y tendía a reconocer los resultados de las votaciones. Eso cambió tras la elección fraudulenta de la ANC.

¿Estas infracciones de la ANC no se ven relativizadas cuando elementos de la oposición se muestran dispuestos a participar en los procesos electorales convocados por esa instancia?

A mi juicio, es necesario distinguir el aspecto psicológico del aspecto jurídico real de esta cuestión. No faltará quien diga que participar en las elecciones convocadas por la ANC equivale a reconocer o legitimar a la ANC porque, si no se reconociera el proceso electoral convocado por la ANC, no se participaría en él. Pero esa es una percepción que debemos desechar por irrelevante.

La pregunta de rigor es si la participación de la oposición o de un sector de la oposición en las elecciones convocadas por la ANC realmente legitima a la ANC dentro y fuera del país. Y, desde el punto de vista del Derecho Constitucional venezolano, la respuesta es 'no' porque la autoridad usurpada de esta ANC es ineficaz, no existe. El vicio de origen de la ANC es un pecado capital imperdonable. Nada de lo que haga la oposición puede legitimar a la ANC.

Y desde la perspectiva del Derecho Internacional, la situación es básicamente la misma. Así como Estados Unidos aclaró que no levantaría las sanciones que les impuso a altos funcionarios del chavismo, independientemente de lo que hiciera la oposición, los países del Grupo de Lima declararon que no reconocerían al presidente electo en los comicios adelantados, independientemente de lo que decida hacer la oposición.

En entrevista con Deutsche Welle, Fernando Mires, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, señalaba que la oposición debería participar con un candidato unitario en las elecciones presidenciales adelantadas, sin importar que éstas sean tildadas de ilegítimas. Mires traía a colación lo que pasó en los comicios presidenciales de 2013, arguyendo que el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha recibido el trato de un Gobierno legítimo a pesar de no serlo, a pesar de haberle robado el triunfo a su rival, el opositor Henrique Capriles Radonski. Él está convencido de que en Venezuela existe una disociación entre política y constitucionalidad, y de que, ante la duda, es más seguro tomar el camino de la política que el de la constitucionalidad…

Una de las cosas que podrían pasar –y con esto ya entramos en el campo de las estrategias– es que la oposición declare de antemano que participará en los comicios, a sabiendas de que se trata de elecciones fraudulentas e ilegítimas, a sabiendas de que no ganará las elecciones porque no puede ganarlas bajo las condiciones dadas, y poniendo énfasis en que su participación es sólo un mecanismo para atizar la protesta popular en contra del fraude electoral. Esa narrativa sería tan coherente como la estrategia contraria: la de pedirle al electorado que boicotee los comicios porque ya se sabe que se trata de un proceso electoral fraudulento e ilegítimo.

Evan Romero-Castillo (VT)